Cargada agenda política e institucional
En apenas 60 días debutará el Nuevo Código Procesal Penal; se negociarán salarios y condiciones de trabajo con docentes, estatales y policías; y se buscarán consensos para la reforma constitucional.
Justicia Penal: el 10 de febrero comienza la implementación
A ello se suman otros temas que también tendrán un alto impacto en la institucionalidad y en la política. En el primero de esos grupos se encuentra la reforma de la Policía de Santa Fe, que antes de terminar el verano podría dejar de tener un jefe y subjefe provincial para tener cinco jefaturas, una por cada nodo, y policías comunitarias en barrios de alta vulnerabilidad de la ciudad capital y de Rosario.
Además, después de los cortocircuitos que trazaron la relación entre la Nación y la provincia desde que el socialismo llegó al sillón del Brigadier López, en 2014 se verá con mayor definición si los acercamientos que hubo en las últimas semanas son algo más que una estrategia de coyuntura para pasar a ser una política de Estado. La cuestión de la seguridad y el narcotráfico, y las deudas que reclama Santa Fe asoman como prioridades de entendimiento.
En el segundo grupo, aparecen las particularidades de las relaciones intrapartidarias y los posicionamientos de aspirantes a cargos provinciales y nacionales en 2015. Por caso, el justicialismo tendrá que resolver cómo revierte la diáspora interna en la que está sumergido desde hace varios años, y que elección tras elección lo deja en el tercer lugar de las preferencias de la gente detrás del FPCyS y del PRO.
Como si fuera poco, el Frente Renovador de Sergio Massa comenzó a mover sus fichas en Santa Fe. La foto de Carlos Reutemann a fines de 2013 con el diputado nacional bonaerense dejó bien en claro que un sector del peronismo jugará allí adentro, y a esto también lo ratificó Oscar Cachi Martínez que prestará su partido 100% Santafesino para promover al ex intendente de Tigre como candidato a presidente de la Nación.
En el oficialismo, en tanto, el radicalismo comenzó a mostrar sus apetencias por posicionar un candidato a la Casa Gris en 2015 y el socialismo tiene más de una opción para el mismo cometido. El propio gobernador le dijo a UNO Medios hace unos días, que lo mejor es encontrar un nombre por consenso para evitar conflictos, pero si eso no se produce "no asustan las primarias abiertas". A un año y medio de ir a las urnas, este asunto figurará en la agenda política.
La nueva Justicia
Con respecto al nuevo sistema de Justicia Penal, el 10 de febrero es la fecha definida por el gobernador para que se implemente de manera integral y definitiva. A partir de ese día, los delitos serán investigados por los fiscales y ya no por los jueces de Instrucción, las víctimas podrán constituirse como querellantes y los juicios serán orales y públicos; un régimen similar al que se ve en las series estadounidenses.
Por ejemplo, la denuncia llegará al Ministerio Público de la Acusación (la fiscalía) y la Oficina de Gestión Judicial de cada circunscripción determinará el juez que llevará adelante las audiencias orales y públicas. A su vez, la estrategia investigativa recaerá sobre los fiscales y las víctimas (incluso sus familiares) podrán constituirse como querellantes para ayudar a dilucidar los casos. Todos los imputados contarán con defensores públicos en caso de solicitarlo.
El juez del nuevo código procesal será un tercero que no se compromete con ninguna de las hipótesis, sino que define una situación (prisión preventiva hasta culpabilidad) en base a las pruebas, contrapruebas y aportes que formulen las partes. Simplemente escuchará y decidirá con imparcialidad. A su vez, se creó la Oficina de Gestión Judicial que proveerá los recursos y administrará la agenda de los jueces, con lo cual éstos ya no tendrán esa tarea.
Además de culpable e inocente el nuevo sistema permite acuerdos que eviten el juicio y la condena. La probation, posibilidad de acuerdos reparatorios y la mediación penal pueden solucionar las diferencias sin entorpecer a la administración de justicia. La variable tiempo también mejorará porque no sólo habrá salidas alternativas al juicio, sino que las audiencias serán orales y públicas en lugar de resolverse por actas escritas y el juez puede exigir un plazo límite al fiscal para resolver la investigación.
En el debe, queda por resolver la incorporación de más fiscales y defensores, dotar a todo el sistema de la informática y el personal suficiente para el Ministerio de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal. También, definir qué mecanismo se utilizará para que la rotación de jueces garantice minimizar planteos de recusación y si desaparecerá o no la figura de los secretarios.
Esos puntos conforman un proyecto del Ejecutivo que cuentan con la media sanción del Senado pero que la Cámara baja provincial pisó en diciembre. Un sector del kirchnerismo pide que los secretarios continúen con el Nuevo Código Procesal Penal como garantía de que quedará un registro escrito de las audiencias y también esperan que cuando a una persona se le impute un delito esté presente sí o sí un juez, y no sólo el fiscal y el defensor.
En enero no hay actividad legislativa y recién el 5 o 6 de febrero volverían a sesionar, con lo cual es poco probable que avance la iniciativa del gobierno -apoyada por los jueces penales de la Segunda Circunscripción- antes del debut de la reforma prevista para el 10 de febrero. Es decir, no desaparecerá la figura del secretario y en la audiencia de la Investigación Penal Preparatoria siempre tendrá que haber un magistrado presente.
Paritarias para todos
En cuanto a la negociación salarial y laboral, el Poder Ejecutivo tendrá que enfrentar a los gremios en un proceso inflacionario que no deja de presionar sobre la economía. En 2014, sobre un presupuesto total de 53.892.238.000 de pesos, sólo los gastos de remuneraciones ascienden a 21.635.499.000 pesos (esto es un 45 por ciento del Gasto Corriente). Esa cifra es sobre una base de 120 mil empleados públicos (60 mil docentes, 20 mil de seguridad y 20 mil del sector salud, entre los principales rubros de personal).
No obstante, al incorporar a otros gastos relacionados con los salarios como ser pasividades, Ley 5.110 -y demás pensiones especiales- y Establecimientos Educativos privados donde el Estado se hace cargo del pago de haberes, el monto asciende a 32.965.449.000 pesos. A ello hay que agregar los 500.000.000 de pesos extras que representa el acuerdo alcanzado con la Policía en pleno paro de las fuerzas de seguridad (más lo que se acuerde este año).
Todo ese caudal de dinero representaría un 68 por ciento del total del gasto público en la provincia de Santa Fe. Esto quiere decir que por cada punto de aumento de haberes que se otorgue durante estas paritarias, significará unos 300 millones de pesos para el erario público. De cara a las próximas paritarias, la cuenta es fácil al multiplicar dicho número por 20 o 25 veces. O sea, no menos de 6.000 millones de pesos podría demandar la política salarial.
Este año la novedad es que además de las reuniones con los estatales (UPCN y ATE) y los docentes (Amsafé, Sadop, UDA y Amet), también habrá que negociar con la Policía. Será en el marco de una mesa institucional que tendrá sentados a ocho funcionarios provinciales y a ocho miembros de las fuerzas, cinco de los cuales tendrán que ser elegidos por los propios policías santafesinos. Además, en los acuerdos no sólo hay un costo económico en lo salarial sino también en lo laboral, ya sea por ascenso, subrogancias o lo que fuere según la función desempeñada.
Vuelve a la carga
Por último, el gobierno insistirá durante el verano con la posibilidad de reformar la Carta Magna de Santa Fe, que cumplirá 52 años desde su sanción. En febrero, Antonio Bonfatti convocará a los partidos políticos con representación legislativa para evaluar cuál es el grado de compromiso en una hipotética modificación de la Constitución: aunque hasta ahora ni el PJ ni el PRO se mostraron seducidos por la idea.
El mandatario socialista apenas si esbozó el trazo grueso de lo que pretende, pero no fue mucho más allá con el argumento de que todos deben aportar sus puntos de vista y que no quiere condicionar ningún tema. Aclaró que no irá por la reelección, se autoexcluyó, pero quiere que los dirigentes sólo puedan repetir una vez al mismo cargo -y en todos los cargos- de manera correlativa. Asimismo, plantea llevar a cuatro años los mandatos de los jefes comunales y darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura.
Hasta ahora, siempre fracasaron todos los intentos del Frente Progresista para abrir la reforma. Necesitan los dos tercios de cada una de las Cámaras para habilitar la discusión, números que por su cuenta no puede lograr ya que es minoría en Diputados y en Senadores. La única luz de esperanza que le queda al oficialismo para avanzar con su propósito, de acuerdo a la presunción que tienen, es que al no ser un año electoral la política está librada de cualquier intento partidista de corto alcance.
"Si hay acuerdo vamos a poder reformar la Constitución, y si no lo hay quedará para otra oportunidad", fue lo que dijo a Diario UNO el gobernador Antonio Bonfatti. Esa alternativa institucional de cambiar la Carta Magna forma parte constitutiva del Frente Progresista, Cívico y Social, y es en la única en la que nunca hubo acercamientos con la oposición. Este 2014 se escribirá un nuevo capítulo en esa historia, y en todas las demás.uno
No hay comentarios:
Publicar un comentario