Caso Medina: El Evita denunció penalmente a funcionarios políticos y judiciales
Foto: Manuel Costa.
Los diputados provinciales Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, integrantes del bloque del Movimiento Evita, se presentaron este lunes en los tribunales provinciales con sede en Rosario, para realizar una denuncia penal contra funcionarios políticos y judiciales que intervinieron en las primeras horas de la causa en la que se investiga el homicidio del presunto narco Luis Medina, y en el desbloqueo y manipulación de su computadora personal sin previa orden judicial.
Acompañado por la versión taquigráfica de la reciente intervención de los ministros de Gobierno, Ruben Galassi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, en la Cámara baja provincial, el escrito denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de tareas a la jueza Inés Pérez Vara; por incumplimiento de los deberes de funcionario público y comisión de delitos informáticos a Javier Echaniz y a Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe, respectivamente, y solicita se investigue la responsabilidad del ministro Galassi en los hechos, en la medida que él mismo asumió estar en pleno conocimiento de lo actuado al producirse la intervención de sus dos subordinados.
Acompañado por la versión taquigráfica de la reciente intervención de los ministros de Gobierno, Ruben Galassi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, en la Cámara baja provincial, el escrito denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de tareas a la jueza Inés Pérez Vara; por incumplimiento de los deberes de funcionario público y comisión de delitos informáticos a Javier Echaniz y a Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe, respectivamente, y solicita se investigue la responsabilidad del ministro Galassi en los hechos, en la medida que él mismo asumió estar en pleno conocimiento de lo actuado al producirse la intervención de sus dos subordinados.
“Como funcionarios públicos, en el caso de los tres diputados que estamos presentando la denuncia con el patrocino del abogado Fernando Rosúa, nos anoticiamos de una situación -por medio de una interpelación a dos ministros- de una serie de irregularidades que para nosotros configuran delito”, explicó el diputado Eduardo Toniolli, quien agregó: “Y tenemos la responsabilidad de traerle a la jueza los elementos que creemos pertinentes para que se inicie una investigación al respecto”.
Toniolli señaló que “de la exposición de los ministros, de la cual tenemos la versión taquigráfica en la que queda constancia plena de los dichos de esos dos funcionarios públicos, se desprende que los responsables operativos de los hechos señalados son la jueza Pérez Vara, que directamente hizo abandono de tareas, y Echaniz y Degrati, los dos funcionarios políticos que fueron hasta la Jefatura, sin que mediara una orden judicial, y que antes de que hubiera cualquier tipo de habilitación judicial intervinieron la computadora personal de Medina, la desbloquearon y realizaron un backup (copia de seguridad)”. El legislador concluyó: “Además, siendo subordinados directos de Galassi, entendemos que el ministro también debe ser citado para que brinde explicaciones al respecto en sede judicial”.
El presidente del bloque Movimiento Evita, Gerardo Rico, resaltó que “también hubo responsabilidad de parte de los encargados de la custodia de los elementos de prueba”, ya que “permitieron que los funcionarios políticos manipulen la computadora al menos veinte minutos antes de que se emitiera la orden judicial”, en torno de lo cual agregó: “Lo más preocupante es que en la reunión que mantuvimos con Galassi, el 6 de febrero último, el propio ministro confesó que, de presentarse una situación similar, volvería a actuar de la misma manera”.
Su compañera de bancada, Mariana Robustelli, ademas, manifestó que “luego de escuchar de parte de los propios ministros la serie de irregularidades que se cometieron en torno a la investigación por los asesinatos de Luis Medina y Justina Pérez Castelli, lo que corresponde es presentar una denuncia ante la Justicia”.
Robustelli finalizó: “Cuando un funcionario público, en este caso legisladores provinciales, toma conocimiento de un hecho ilícito tiene la responsabilidad y el deber de denunciarlo en sede judicial. Y es lo que acabamos de hacer”.
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