Si este proceso no tuviera los ribetes trágicos y la cosecha de muertes que exhibe, causaría gracia la frase que vociferó un diputado nacional socialista, la que por cierto ocupará un lugar en los anales de la historia política argentina. "Los socialistas podemos ser boludos pero no corruptos" se escuchó con estridencia en el máximo ámbito parlamentario nacional. Bastan un puñado de episodios para poner en duda tan presuntuosas definiciones.
El proverbial estado de amnesia política que parece aquejar al socialismo no alcanza para esconder bajo la alfombra que hace 20 años Binner inauguró un período en el que las políticas de desarrollo inmobiliario, algunas erráticas, otras deliberadamente fuera de toda normativa vigente, posibilitaron el surgimiento de inversores especulativos –si se quiere la cara más benigna de ese proceso– y de socios inescrupulosos, que inicialmente aprovecharon las continuas excepciones al Código Urbano y luego incidieron en la elaboración del nuevo corpus normativo de regulación edilicia, en un crescendo que originalmente les permitió amasar fortunas significativas y a posteriori dio lugar a la aparición de sociedades anónimas que advirtieron los resquicios de ese rubro para blanquear o lavar capitales de dudoso origen.
Esas políticas públicas en materia de emprendimientos inmobiliarios se llevaron adelante a la par de la renuncia casi explícita del municipio rosarino a elaborar soluciones habitacionales para los extendidos núcleos urbanos que demandaban dramáticamente viviendas sociales. Ni un solo centavo propio se destinó a la construcción de viviendas para los sectores más vulnerables. Las pocas intervenciones fueron financiadas con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, las entidades crediticias favoritas del socialismo. Y aún así, los logros fueron escuálidos
En ese marco, que incluyó una desarticulación sistemática de todo mecanismo de control de gestión, se fue incubando una sociedad dual, que derivó en el actual contraste entre los bolsones de marginalidad de la periferia y el ostentoso escenario que se montó en el área central, la zona norte ribereña y merced a los desarrollos urbanos del oeste de la ciudad, donde proliferaron los barrios cerrados o exclusivos a apenas metros de villas de emergencia en constante crecimiento.
Crímenes y pecados
Rosario ya era una ciudad violenta cuando en diciembre de 2011 se produjo el triple crimen de Villa Moreno. Jeremías “Jere” Trasante, Claudio “Mono” Suárez y Adrián “Patom” Rodríguez, militantes del Movimiento 26 de Junio, fueron asesinados a tiros de metralleta por la banda del “Quemado” Sergio Rodríguez, presunto narco y ex barrabrava de Newell’s Old Boys.
A instancias del diputado provincial Eduardo Toniolli, titular de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja, acompañado por otros legisladores, se constituyó la Comisión de Seguimiento del proceso de instrucción judicial en el triple homicidio. Esa decisión influyó notablemente en la marcha de las actuaciones judiciales, que derivaron en dos causas, en una de las cuales fueron imputados como encubridores el comisario inspector Eduardo Ismael Carrillo, el suboficial Norberto Claudino Centurión y el agente Lisandro Jesús Martín de la policía provincial.
La trágica secuencia da cuenta de que el jueves 10 de enero de 2013 tres militantes del Movimiento Evita fueron baleados en Nuevo Alberdi por soldaditos narcos que custodiaban un búnker donde se vendía droga. Cuando el gobernador Antonio Bonfatti fue consultado sobre la sucesión de gravísimos hechos a causa del crecimiento del narcotráfico, respondió, muy suelto de cuerpo: "No tengo por qué conocer lo que está pasando en cada uno de los barrios de Rosario". Y sentenció que "Rosario no es Sinaloa", la ciudad mexicana donde actúa un poderoso cartel narco. El mandatario no pronunció una sola palabra de consternación o de solidaridad con las víctimas de los disparos. Gastón Arregui, de 24 años, herido de gravedad; y los hermanos Carlos y Ariel Ferreyra, de 22 y 20 años, hijos del referente del Evita en el barrio, no eran tan importantes para el gobernador.
Casi al mismo tiempo, el 9 de enero de 2013, otro asesinato enlutó a la ciudad. Mercedes Delgado, militante social de un centro comunitario del barrio Ludueña, murió a causa de un balazo que recibió la noche anterior. La mujer había quedado en medio de un tiroteo entre dos bandas, dijeron oficialmente. Mientras tanto, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, se mostraba muy ocupada en hacer lobby para lograr que en 2014 el Rally Dakar saliera de Rosario. Lo logró.
Era el fin de una cínica letanía pronunciada por funcionarios municipales y provinciales, policías e incluso numerosos jueces y fiscales cada vez que un crimen de ese estilo regaba de sangre un barrio pobre y olvidado. "Habría sido un ajuste de cuentas", se apuraban a decir, en muchos casos para esconder que detrás de esos hechos había balas y armas policiales.
Ya nadie creía en los "ajustes de cuentas" oficiales. Tras el atentado de Nuevo Alberdi, se pudo observar la actitud miserable del secretario de Seguridad Matías Drivet, quien operó durante cuatro días para instalar en los medios de comunicación que la agresión sufrida por nuestros compañeros se debía a que estaban involucrados en la venta de estupefacientes. Al declarar, las víctimas sindicaron al titular de la subcomisaría 2a, subcomisario Marcelo Fabián Mendoza, como implicado en el comercio de drogas. Primero Bonfatti lo defendió –"Se equivocaron de Mendoza, el imputado es otro con el mismo apellido"–, aseguró. Luego, abrumado por las evidencias, lo separó de su cargo.
El desbaratamiento de la más importante "cocina" de droga en Funes, que llevó a cabo la Justicia Federal, mostró que el presunto narco Delfín Zacarías, quien al momento de ser apresado tenía en su poder 300 kilos de pasta base para elaborar cocaína, se paseaba ante las mismas barbas de políticos, policías y funcionarios judiciales sin mayores sobresaltos.
Zacarías era un beneficiario más del boom inmobiliario que el socialismo y sus aliados inflaron sin controlar sus efectos. Tan es así, que el secretario general de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, dijo que uno de los principales emprendimientos del acusado “debe ser uno de los edificios más grandes de la ciudad de San Lorenzo", calificó al predio como un “narcoedificio” y expresó que “cada ladrillo se levantó envenenando a nuestros hijos”. Además del “narcoedificio”, Delfín y sus familiares son propietarios de unos 37 vehículos, 25 cocheras ubicadas en Rosario y varios inmuebles.
Cuando el juez federal Carlos Vera Barros comenzó la investigación sobre presuntas vinculaciones del ex jefe de policía Comisario Hugo Tognoli con narcos, Binner respaldó al comisario que él mismo nombró como titular de Drogas Peligrosas. "Lo tienen detenido y no saben por qué... "hubo una orden a nivel nacional" para detenerlo, pontificó Hermes. Y no se quedó con eso: "Creo que es una irresponsabilidad del Gobierno nacional tener detenida a una persona que no tiene causa", agregó. Le respondió el fiscal federal Juan Patricio Murray: "Si tiene pruebas de que el gobierno nacional nos pidió detener a Tognoli, que las presente". Binner no pisó Tribunales, que se sepa.
Más cerca en el tiempo, ya es conocida la actuación de funcionarios socialistas luego del crimen del presunto narco Luis Medina, manipulando una laptop sin intervención judicial, a pedido del ministro de Gobierno Rubén Galassi, quien defendió públicamente al secretario de Tecnologías de la provincia, Javier Echaniz y a su segundo, y Martin Degrati, los que accedieron a la computadora personal de la víctima.
Y cómo soslayar los viajes del juez Juan Carlos Vienna a Estados Unidos en coincidencia con una de las personas involucradas en una investigación que roza ostensiblemente el comercio de drogas y las mafias locales, argumentando que esos episodios sólo son una "casualidad".
Policías encubridores de los crímenes perpetrados por bandoleros narcos; las máximas autoridades políticas de la provincia primero nombrando a esos policías en los cargos más relevantes y defendiéndolos cuando caen en desgracia procesal; importantes figuras del elenco gubernamental socialista incurriendo en procedimientos ilegales, en las sombras, manipulando pruebas. Nada quedó de aquellos "vientos de cambio" predicados con fervor por Binner en la campaña que lo llevó a la Gobernación. Esta etapa que atraviesa el socialismo se emparenta más con la frase dicotómica que vociferara en el Congreso aquel indignado diputado nacional socialista. Lo que ese legislador no tuvo en cuenta es que decir "boludos, tal vez, corruptos no" presenta un desafío indeseado por él: que la sociedad, a la luz de los hechos, sentencie si son una u otra cosa.
Por Gerardo Rico
* Diputado provincial, miembro de la Mesa de Conducción Nacional del Movimiento Evita y jefe del bloque del mismo nombre en la Cámara Baja de la Provincia de Santa Fe.
El proverbial estado de amnesia política que parece aquejar al socialismo no alcanza para esconder bajo la alfombra que hace 20 años Binner inauguró un período en el que las políticas de desarrollo inmobiliario, algunas erráticas, otras deliberadamente fuera de toda normativa vigente, posibilitaron el surgimiento de inversores especulativos –si se quiere la cara más benigna de ese proceso– y de socios inescrupulosos, que inicialmente aprovecharon las continuas excepciones al Código Urbano y luego incidieron en la elaboración del nuevo corpus normativo de regulación edilicia, en un crescendo que originalmente les permitió amasar fortunas significativas y a posteriori dio lugar a la aparición de sociedades anónimas que advirtieron los resquicios de ese rubro para blanquear o lavar capitales de dudoso origen.
Esas políticas públicas en materia de emprendimientos inmobiliarios se llevaron adelante a la par de la renuncia casi explícita del municipio rosarino a elaborar soluciones habitacionales para los extendidos núcleos urbanos que demandaban dramáticamente viviendas sociales. Ni un solo centavo propio se destinó a la construcción de viviendas para los sectores más vulnerables. Las pocas intervenciones fueron financiadas con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, las entidades crediticias favoritas del socialismo. Y aún así, los logros fueron escuálidos
En ese marco, que incluyó una desarticulación sistemática de todo mecanismo de control de gestión, se fue incubando una sociedad dual, que derivó en el actual contraste entre los bolsones de marginalidad de la periferia y el ostentoso escenario que se montó en el área central, la zona norte ribereña y merced a los desarrollos urbanos del oeste de la ciudad, donde proliferaron los barrios cerrados o exclusivos a apenas metros de villas de emergencia en constante crecimiento.
Crímenes y pecados
Rosario ya era una ciudad violenta cuando en diciembre de 2011 se produjo el triple crimen de Villa Moreno. Jeremías “Jere” Trasante, Claudio “Mono” Suárez y Adrián “Patom” Rodríguez, militantes del Movimiento 26 de Junio, fueron asesinados a tiros de metralleta por la banda del “Quemado” Sergio Rodríguez, presunto narco y ex barrabrava de Newell’s Old Boys.
A instancias del diputado provincial Eduardo Toniolli, titular de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja, acompañado por otros legisladores, se constituyó la Comisión de Seguimiento del proceso de instrucción judicial en el triple homicidio. Esa decisión influyó notablemente en la marcha de las actuaciones judiciales, que derivaron en dos causas, en una de las cuales fueron imputados como encubridores el comisario inspector Eduardo Ismael Carrillo, el suboficial Norberto Claudino Centurión y el agente Lisandro Jesús Martín de la policía provincial.
La trágica secuencia da cuenta de que el jueves 10 de enero de 2013 tres militantes del Movimiento Evita fueron baleados en Nuevo Alberdi por soldaditos narcos que custodiaban un búnker donde se vendía droga. Cuando el gobernador Antonio Bonfatti fue consultado sobre la sucesión de gravísimos hechos a causa del crecimiento del narcotráfico, respondió, muy suelto de cuerpo: "No tengo por qué conocer lo que está pasando en cada uno de los barrios de Rosario". Y sentenció que "Rosario no es Sinaloa", la ciudad mexicana donde actúa un poderoso cartel narco. El mandatario no pronunció una sola palabra de consternación o de solidaridad con las víctimas de los disparos. Gastón Arregui, de 24 años, herido de gravedad; y los hermanos Carlos y Ariel Ferreyra, de 22 y 20 años, hijos del referente del Evita en el barrio, no eran tan importantes para el gobernador.
Casi al mismo tiempo, el 9 de enero de 2013, otro asesinato enlutó a la ciudad. Mercedes Delgado, militante social de un centro comunitario del barrio Ludueña, murió a causa de un balazo que recibió la noche anterior. La mujer había quedado en medio de un tiroteo entre dos bandas, dijeron oficialmente. Mientras tanto, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, se mostraba muy ocupada en hacer lobby para lograr que en 2014 el Rally Dakar saliera de Rosario. Lo logró.
Era el fin de una cínica letanía pronunciada por funcionarios municipales y provinciales, policías e incluso numerosos jueces y fiscales cada vez que un crimen de ese estilo regaba de sangre un barrio pobre y olvidado. "Habría sido un ajuste de cuentas", se apuraban a decir, en muchos casos para esconder que detrás de esos hechos había balas y armas policiales.
Ya nadie creía en los "ajustes de cuentas" oficiales. Tras el atentado de Nuevo Alberdi, se pudo observar la actitud miserable del secretario de Seguridad Matías Drivet, quien operó durante cuatro días para instalar en los medios de comunicación que la agresión sufrida por nuestros compañeros se debía a que estaban involucrados en la venta de estupefacientes. Al declarar, las víctimas sindicaron al titular de la subcomisaría 2a, subcomisario Marcelo Fabián Mendoza, como implicado en el comercio de drogas. Primero Bonfatti lo defendió –"Se equivocaron de Mendoza, el imputado es otro con el mismo apellido"–, aseguró. Luego, abrumado por las evidencias, lo separó de su cargo.
El desbaratamiento de la más importante "cocina" de droga en Funes, que llevó a cabo la Justicia Federal, mostró que el presunto narco Delfín Zacarías, quien al momento de ser apresado tenía en su poder 300 kilos de pasta base para elaborar cocaína, se paseaba ante las mismas barbas de políticos, policías y funcionarios judiciales sin mayores sobresaltos.
Zacarías era un beneficiario más del boom inmobiliario que el socialismo y sus aliados inflaron sin controlar sus efectos. Tan es así, que el secretario general de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, dijo que uno de los principales emprendimientos del acusado “debe ser uno de los edificios más grandes de la ciudad de San Lorenzo", calificó al predio como un “narcoedificio” y expresó que “cada ladrillo se levantó envenenando a nuestros hijos”. Además del “narcoedificio”, Delfín y sus familiares son propietarios de unos 37 vehículos, 25 cocheras ubicadas en Rosario y varios inmuebles.
Cuando el juez federal Carlos Vera Barros comenzó la investigación sobre presuntas vinculaciones del ex jefe de policía Comisario Hugo Tognoli con narcos, Binner respaldó al comisario que él mismo nombró como titular de Drogas Peligrosas. "Lo tienen detenido y no saben por qué... "hubo una orden a nivel nacional" para detenerlo, pontificó Hermes. Y no se quedó con eso: "Creo que es una irresponsabilidad del Gobierno nacional tener detenida a una persona que no tiene causa", agregó. Le respondió el fiscal federal Juan Patricio Murray: "Si tiene pruebas de que el gobierno nacional nos pidió detener a Tognoli, que las presente". Binner no pisó Tribunales, que se sepa.
Más cerca en el tiempo, ya es conocida la actuación de funcionarios socialistas luego del crimen del presunto narco Luis Medina, manipulando una laptop sin intervención judicial, a pedido del ministro de Gobierno Rubén Galassi, quien defendió públicamente al secretario de Tecnologías de la provincia, Javier Echaniz y a su segundo, y Martin Degrati, los que accedieron a la computadora personal de la víctima.
Y cómo soslayar los viajes del juez Juan Carlos Vienna a Estados Unidos en coincidencia con una de las personas involucradas en una investigación que roza ostensiblemente el comercio de drogas y las mafias locales, argumentando que esos episodios sólo son una "casualidad".
Policías encubridores de los crímenes perpetrados por bandoleros narcos; las máximas autoridades políticas de la provincia primero nombrando a esos policías en los cargos más relevantes y defendiéndolos cuando caen en desgracia procesal; importantes figuras del elenco gubernamental socialista incurriendo en procedimientos ilegales, en las sombras, manipulando pruebas. Nada quedó de aquellos "vientos de cambio" predicados con fervor por Binner en la campaña que lo llevó a la Gobernación. Esta etapa que atraviesa el socialismo se emparenta más con la frase dicotómica que vociferara en el Congreso aquel indignado diputado nacional socialista. Lo que ese legislador no tuvo en cuenta es que decir "boludos, tal vez, corruptos no" presenta un desafío indeseado por él: que la sociedad, a la luz de los hechos, sentencie si son una u otra cosa.
Por Gerardo Rico
* Diputado provincial, miembro de la Mesa de Conducción Nacional del Movimiento Evita y jefe del bloque del mismo nombre en la Cámara Baja de la Provincia de Santa Fe.
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