El Gobierno juega con fuego en el borde de otro default
Panorama empresarial. Los giros bruscos de posiciones que ha exhibido Kicillof ante la crisis con los holdouts trajeron réditos a financistas con acceso a confidencias oficiales, e incertidumbre a todo el país.
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- Marcelo Bonelli
Axel Kicillof anunció ayer en forma oficial el “desacato” de la Argentina al fallo de la Justicia de los Estados Unidos al disponer un pago sólo a favor de los bonistas reestructurados.
El anuncio tuvo una sola intención: responsabilizar a Thomas Griesa delnuevo default que afectaría a la economía argentina y que –de concretarse– deterioraría aún más las variables productivas y sociales.
Así, el Gobierno de Cristina intenta ubicarse como víctima política de un complot internacional y ocultar la responsabilidad de la Casa Rosada por la sucesión de serios errores estratégicos, displicencia y ausencia de profesionalismo en la negociación que lleva a la Argentina a una nueva crisis externa.
La dura postura de la Casa Rosada justificó la réplica de Thomas Griesa, un juez que pretende cobrarse los desplantes de Cristina. Estas posiciones de la Presidenta y del magistrado no ayudan a una solución positiva.
Kicillof intentó darle un tono épico a sus planteos y llegó a responsabilizar directamente al gobierno de Obama por las consecuencias del default. Así acusó a la misma Casa Blanca, a la cual el propio Kicillof le pidió ayuda para acordar con el Club de París.
La desorientación oficial se reflejó en las últimas dos semanas en la ausencia de un “plan B” y en los barquinazos que protagonizó la Presidenta buscando una estrategia tras la decisión de la Corte norteamericana.
El doble giro de 180 grados –en dos oportunidades y en una semana – abrió también la puerta desde el Palacio de Hacienda a jugosos negocios financieros con bonos argentinos.
Entre los banqueros se sostiene que la información confidencial sobre los abruptos giros de Kicillof fue utilizada por inversores para hacer suculentas utilidades financieras en estas acaloradas jornadas financieras. Las decisiones generaron subas y bajas en los títulos que fueron aprovechadas por fondos de inversión con fluidos contactos con el Palacio de Hacienda. También de esas operaciones habrían sacado provecho bancos de inversión, que después aparecieron llevando supuestas propuestas salvadoras al Gobierno.
La situación habría generado cortocircuitos con Juan Carlos Fábrega, quien censuró internamente la transmisión de información confidencial, que después permitió que banqueros y financistas aumenten sus utilidades.
Ya a comienzos de año –en enero– el titular del BCRA tuvo un fuerte encontronazo con Kicillof, porque el ministro pidió que el Banco Central tuviera un trato preferencial con el fondo internacional Latam Securities y Geo Equity Opportunities. Se trata de un grupo inversor fuerte, que se caracterizó por operar con Venezuela. Tendría un fondo de 3.000 millones de dólares. El propietario del influyente fondo de inversión –así como de otros– es Diego Marynberg, quien tiene un sólido vinculo con Kicillof. Marynberg participó de los quebrados banco Medefin y del fondo Socimer, y es yerno de Alberto Spolsky.
Kicillof –en enero– le torció el brazo a Fábrega y le arrebató una decisión favorable a los inversores invocando a la Presidenta.
Ahora Kicillof habría consultado a Marynberg para pedir sugerencias sobre cómo enfrentar la crisis de los fondos buitre. Emanuel Alvarez Agis –el secretario de Política Económica– también tuvo contactos confidenciales con la cúpula de UBS, y Miguel Galuccio mantuvo reuniones secretas con Facundo Gómez Minujin (JP Morgan).
Esos encuentros eran –supuestamente– para acercar soluciones e ideas al Gobierno, que estaba en el mayor desconcierto. Pero se sospecha quelos bancos utilizaron la información confidencial y comunicaron que solo estaban dispuestos a operar con una “garantía de pago” de Argentina.
Carlos Zannini también mantuvo diálogos con David Martínez, del Fondo Fintech.
Las sugerencias de los financistas no cambiaron el curso de la crisis, fruto de innumerables errores en la estrategia del Gobierno.
Los primeros errores fueron en el 2011 y en el 2012. Amado Boudou y Hernán Lorenzino actuaron con absoluta irresponsabilidad y minimizaron en un comienzo las advertencias de Thomas Griesa.
Era el momento de acordar: Argentina tenía 52.000 millones de dólares en sus reservas; Cristina concentraba un gran poder y no había ningún fallo en contra.
Después, la Presidente cometió el error estratégico de anunciar que iba a desconocer los fallos de los tribunales de EE.UU., y la Justicia comenzó a actuar contra Argentina.
No se cumplió la tesis de la Casa Rosada de que un fallo en contra de nuestro país afectaría al sistema internacional. La medida se dictó y ningún mercado emergente se conmovió.
Pero esa improvisación se profundizó estas últimas dos semanas: –Cristina empezó con un discurso duro, después giró 180 grados y confirmó el pago de la deuda. Ahora volvió a cambiar 180 grados.
–La Justicia de EE.UU. levantó la protección de embargos como respuesta a que Kicillof anunciara que iba a pagar los bonos en Buenos Aires. Pagar así era impracticable e implicaba un virtual default.
– La carta el lunes del ministro pidiendo el restablecimiento del stay tenía una redacción incorrecta y poco profesional.
En el equipo de Kicillof minimizan su traspié y el impacto de un default técnico. Dicen que tendrá un efecto acotado en la economía.
Nadie lo sabe, como tampoco la evaluación interna que el Club de París hizo del acuerdo con la Argentina.
En un documento interno, se califica el plan de pagos que aceptó Kicillof como muy beneficioso y reconoce que fue “histórico” para los acreedores.
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