Barletta podría ser indagado por irregularidades durante su gestión en la UNL
28.06.2014
Por: Héctor M. Galiano
El actual diputado nacional y presidente de la UCR recibió un revés judicial de la Cámara Federal de Apelaciones y podría ser indagado junto a otros ex rectores como Hugo Storero y Juan Carlos Hidalgo.
El actual diputado nacional y presidente de la UCR recibió un revés judicial de la Cámara Federal de Apelaciones y podría ser indagado junto a otros ex rectores como Hugo Storero y Juan Carlos Hidalgo. Es por dos causas que se encuentran abiertas hace más de una década. Criticas del tribunal de alzada para los fiscales que intervinieron..
El actual diputado nacional y presidente de la UCR , Mario Barletta podría ser indagado por la justicia federal en el marco de dos causas abiertas hace una década, que están relacionadas a presuntas irregularidades cometidas durante sus mandatos al frente de la Universidad Nacional del Litoral. Uno de los expedientes cuestiona el manejo presupuestario de la casa de altos estudios y otro un posible desvío de fondos en la Obra Social de la unidad académica. Por la misma imputación serán citados a declarar en calidad de imputados los ex rectores Juan Carlos Hidalgo y Hugo Storero, también vinculados a la UCR en la provincia.
El 12 de junio pasado, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones resolvió revocar el sobreseimiento que benefició oportunamente a Hidalgo y Storero y criticó lo actuado por el juez federal Francisco Miño que había resuelto sobreseer sin que ni siquiera se le tome declaración indagatoria. También se cuestiono el rol de la fiscal interviniente, Cintia Gómez (hoy camarista en Paraná) y del Fisca Genera, Claudio Palacín que no apelaron la medida. Los jueces pidieron profundizar las actuaciones procesales en las que se ahondó poco y nada en la posible responsabilidad del ex intendente santafesino.
El abogado Luis María Velásquez fue quien impulsó la acusación en su momento y el que en calidad de querellante expresó los agravios en el tribunal de alzada al momento de presentar la apelación. También pidió que se profundice y dilucide el rol que tuvo Rubén Gómez, del gremio del personal no docente de la UNL. En rigor, el sumario de inició el 13 de marzo de 2001 por la denuncia de Velásquez como representante de un número importante de no docentes de la UNL. Se cuestionaba entonces que no se había percibido una suma no bonificable del rubro “refrigerio”, pero que era, según esa denuncia, devengada del presupuesto.
Los jueces de la Cámara también señalan en el considerando de la resolución la critica que hace la defensora oficial respecto a que nunca quedó en claro si el planteo de Velásquez es laboral o es penal, puesto que sus patrocinados nunca accionaron contra la UNL. En su momento la fiscalía, que tenía delegada la investigación había pedido la indagatoria de los ex funcionarios en el marco de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, “ilícitos que se habrían cometido al negar el pago de la deuda y aplicar los recurso a cancelar sueldos de empleados contratados irregularmente”. Y agregaron los camaristas: “como no se tiene la certidumbre requerida no están dadas las condiciones para concluir el proceso en forma irrevocable (…) por lo cual se debe dejar sin efecto el auto que sobresee a los ex recetores Hidalgo y Storero y ahondar la investigación referida a si la UNL contaba con fondos para cumplimentar oportunamente lo cuestionado por la querella y declarar mal concedido el recurso cueto dispuso no recibir declaración indagatoria a Mario Barletta y Rubén Nuñez”.
También en la Obra Social
El segundo revés judicial para ex funcionarios de la UNL vino de la mano de la Cámara de Casación Penal de la nación que rechazó una apelación de los imputados referido a un expediente en e que se investigaron presuntas maniobras ilegales dentro de la esfera de la Obra Social de la UNL. La denuncia la presento Manuel Ángel Costa. Por ello se abrió el expediente 687 en 2003 en el juzgado federal de Francisco Miño. La causa e inició por una ampliación de denuncia de Costa en un expediente del año 2000, en el cual la fiscal interviniente dispuso no dilatar la investigación en curso y formar un nuevo expediente. Dicha ampliación de denuncia se realizó contra quienes en esa fecha eran autoridades o miembros titulares del Concejo Directivo de la Universidad: Gustavo Modejar y Mónica Crespi y al entonces rector de la UNL, el ingeniero Mario Barletta. Concretamente, se denunciaba la convalidación y ampliación del acta acuerdo celebrada en julio de 2002 por medio de la cual, sostuvo el denunciante Costa, se licuó una acreencia de la masa de asociados de la UNL adecuada por el Rectorado a la Obra Social por más de $600.000. Como ocurriera en el proceso antes descripto (relacionado al rubro refrigerio) la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había dicho, en función que el juez había resuelto sobreseer sin indagar, que “la resolución dictada a favor de los imputados al sobreseerlos por hechos que no le fueron atribuidos resulta violatoria del artículo 18 de la Carta Magna en razón de no haberse cumplido con el debido proceso en desmedro de os derechos del actor penal y del interés de la sociedad en general”.
Qué puede ocurrir
Fuentes de la justicia federal han manifestado en off que “el paso que sigue es el de tomarles declaración indagatoria a todos los funcionarios o ex funcionarios mencionados en las distintas resoluciones de los tribunales superiores”. Las mismas fuentes concuerdan además en que se debe excusar el juez Francisco Miño de intervenir en el proceso ya que adelanto su opinión al momento de dictar los sobreseimientos, cuestionados por la Cámara de Rosario y Casación. Ergo, los expedientes deberán girarse al juez federal Nro. 1 Reinaldo Rodríguez.
El 12 de junio pasado, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones resolvió revocar el sobreseimiento que benefició oportunamente a Hidalgo y Storero y criticó lo actuado por el juez federal Francisco Miño que había resuelto sobreseer sin que ni siquiera se le tome declaración indagatoria. También se cuestiono el rol de la fiscal interviniente, Cintia Gómez (hoy camarista en Paraná) y del Fisca Genera, Claudio Palacín que no apelaron la medida. Los jueces pidieron profundizar las actuaciones procesales en las que se ahondó poco y nada en la posible responsabilidad del ex intendente santafesino.
El abogado Luis María Velásquez fue quien impulsó la acusación en su momento y el que en calidad de querellante expresó los agravios en el tribunal de alzada al momento de presentar la apelación. También pidió que se profundice y dilucide el rol que tuvo Rubén Gómez, del gremio del personal no docente de la UNL. En rigor, el sumario de inició el 13 de marzo de 2001 por la denuncia de Velásquez como representante de un número importante de no docentes de la UNL. Se cuestionaba entonces que no se había percibido una suma no bonificable del rubro “refrigerio”, pero que era, según esa denuncia, devengada del presupuesto.
Los jueces de la Cámara también señalan en el considerando de la resolución la critica que hace la defensora oficial respecto a que nunca quedó en claro si el planteo de Velásquez es laboral o es penal, puesto que sus patrocinados nunca accionaron contra la UNL. En su momento la fiscalía, que tenía delegada la investigación había pedido la indagatoria de los ex funcionarios en el marco de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, “ilícitos que se habrían cometido al negar el pago de la deuda y aplicar los recurso a cancelar sueldos de empleados contratados irregularmente”. Y agregaron los camaristas: “como no se tiene la certidumbre requerida no están dadas las condiciones para concluir el proceso en forma irrevocable (…) por lo cual se debe dejar sin efecto el auto que sobresee a los ex recetores Hidalgo y Storero y ahondar la investigación referida a si la UNL contaba con fondos para cumplimentar oportunamente lo cuestionado por la querella y declarar mal concedido el recurso cueto dispuso no recibir declaración indagatoria a Mario Barletta y Rubén Nuñez”.
También en la Obra Social
El segundo revés judicial para ex funcionarios de la UNL vino de la mano de la Cámara de Casación Penal de la nación que rechazó una apelación de los imputados referido a un expediente en e que se investigaron presuntas maniobras ilegales dentro de la esfera de la Obra Social de la UNL. La denuncia la presento Manuel Ángel Costa. Por ello se abrió el expediente 687 en 2003 en el juzgado federal de Francisco Miño. La causa e inició por una ampliación de denuncia de Costa en un expediente del año 2000, en el cual la fiscal interviniente dispuso no dilatar la investigación en curso y formar un nuevo expediente. Dicha ampliación de denuncia se realizó contra quienes en esa fecha eran autoridades o miembros titulares del Concejo Directivo de la Universidad: Gustavo Modejar y Mónica Crespi y al entonces rector de la UNL, el ingeniero Mario Barletta. Concretamente, se denunciaba la convalidación y ampliación del acta acuerdo celebrada en julio de 2002 por medio de la cual, sostuvo el denunciante Costa, se licuó una acreencia de la masa de asociados de la UNL adecuada por el Rectorado a la Obra Social por más de $600.000. Como ocurriera en el proceso antes descripto (relacionado al rubro refrigerio) la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había dicho, en función que el juez había resuelto sobreseer sin indagar, que “la resolución dictada a favor de los imputados al sobreseerlos por hechos que no le fueron atribuidos resulta violatoria del artículo 18 de la Carta Magna en razón de no haberse cumplido con el debido proceso en desmedro de os derechos del actor penal y del interés de la sociedad en general”.
Qué puede ocurrir
Fuentes de la justicia federal han manifestado en off que “el paso que sigue es el de tomarles declaración indagatoria a todos los funcionarios o ex funcionarios mencionados en las distintas resoluciones de los tribunales superiores”. Las mismas fuentes concuerdan además en que se debe excusar el juez Francisco Miño de intervenir en el proceso ya que adelanto su opinión al momento de dictar los sobreseimientos, cuestionados por la Cámara de Rosario y Casación. Ergo, los expedientes deberán girarse al juez federal Nro. 1 Reinaldo Rodríguez.
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