martes, 3 de junio de 2014

 CONSORCIOS Y AFIP

Clarín y la "mala intención" al hablar de la lucha contra el trabajo en negro

15:08 | Después de que se diera a conocer una resolución de la AFIP para combatir el trabajo en negro en consorcios y edificios, el multimedios opositor decidió informar creando nerviosismo y malestar.

De la Redacción de Diario Registrado // Martes 03 de junio de 2014 | 15:08

El diario Clarín publicó una noticia titulada "Obligan a edificios de más de cinco unidades a tener portero" y decidió poner el  foco en "consorcistas en pie de guerra con la AFIP", sin destacar que en realidad se trata de una medida que busca contrarrestar el trabajo informal.


Víctor Santa María, titular del gremio SUTERH explicó que "es una resolución positiva para el sector, que ratifica la obligación que ya plantea el contrato colectivo de trabajo" y agregó "Se elimina la tercerización. Un edificio debe tener al menos un trabajador en blanco, porque alguien tiene que sacar la basura o baldear la vereda. Y si lo hace un vecino, está cumpliendo un trabajo y según el contrato colectivo, ningún trabajo se presume gratuito".


En diálogo radial  con Gustavo Sylvestre Santa María reflexionó sobre "un bombardeo mediático todo el fin de semana de parte de TN y Clarin basándose en una resolución dispuesta de la AFIP que obligaba a los consorcios a tener un trabajador de edificio cosa que es totalmente falaz".

Y destacó que hay una "mala intención, para generar nerviosismo y mal clima entre los propietarios y el gremio" cuando en realidad se trata de apostar por un trabajo en blanco y registrado.

La Administracion Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se informó que no se obligará a los consorcios a tener un número mínimo de porteros sino que el  Indicador Mínimo de Trabajadores (IMT) es sólo una herramienta de fiscalización para aplicar en caso de que se detecten relaciones laborales ilegales.


La herramienta de fiscalización surge de la aplicación de la Ley 26.063 del 2005 y la Resolución General (AFIP) 2927/2010.

La herramienta de fiscalización fue ampliamente debatida entre la AFIP, el Ministerio de Trabajo, la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y la Unión de Administradores de Inmuebles, habiéndose suscripto un acta de manera “unánime”.

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