DESPUES DEL FALLO > OPINION
La palabra política
Por Mario Wainfeld
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner optó por un formato sereno y, pongamos, institucional. Sin público ni aplausos, sentada ante un escritorio despojado, con la bandera a un costado. El núcleo de su discurso, anunciado con muchas horas de antelación, fue firme y severo. Consistió en resaltar la voluntad del actual gobierno de pagar las deudas y de negociar cuando es debido. Pero de no aceptar la “extorsión”, palabra que pronunció varias veces. Explicó con minucia por qué es indebida y por añadidura ruinosa la sentencia del juez Griesa, convalidada ayer por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Enalteció e interpeló a los acreedores que se plegaron a los dos canjes, cerrados en 2005 y 2010. Ratificó que se les pagará como corresponde. No se internó en detalles tácticos o técnicos acerca de cómo se cumplirán esas prestaciones, si será del modo usual o si se acudirá a ingenierías financieras que motivan lucubraciones de todo tipo. Esa reserva es atinada por dos motivos, al menos. Primero, porque no pronunció un discurso financiero, sino uno político. Segundo, porque nada la compelía a mostrar sus cartas.
Con la premura del cierre (la exposición duró casi media hora y empezó pasadas las nueve y diez de la noche) se puede sintetizar diciendo que la mandataria dijo que no pagará lo abusivo ni lo suicida. Pero una oradora rigurosa, en una presentación cuidada, no dijo que no habrá más negociación con los fondos buitre. No cerró ella esa vía, mucho más complicada desde el fallo de ayer, porque la contraparte se fortaleció mucho.
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La presidenta Cristina deploró la vigencia de “un modelo de negocios a escala global” con una exorbitante gravitación del capital financiero. Es drástica pero, en este aspecto, no está inventando nada: a esta altura son pocos los que cuestionan ese diagnóstico. Cada vez son más los que asumen que la conducta predatoria del capital financiero pone en riesgo la convivencia mundial y muy en particular la persistencia de los sistemas democráticos. La riqueza se concentra, las actividades productivas ceden terreno y tienen rindes menos excitantes.
Por eso, porque ese peligro no es una fantasía criolla, sino un dato palpable en las grandes capitales del mundo, Argentina recibió apoyos gubernamentales amplísimos. No se explican por afinidad con su actual modelo político, sino por prevención contra el riesgo sistémico que provoca la sentencia. El arco comienza por la propia administración del presidente Barack Obama, Francia y México (que se presentaron como amicus curiae), el Vaticano, los integrantes del Club de París y desde ya los países de la región. Y siguen las firmas.
La crisis global ya hizo pagar costos terribles a pueblos de todo el planeta y particularmente de países del Primer Mundo. Los gobernantes democráticos que dieron un aval a la Argentina obran en defensa propia. La forma en que se sustancia el pleito es una metáfora acerca del debilitamiento de los poderes políticos respecto de los fácticos. El deber de cualquier representante del pueblo, argentino o de otra latitud, es tratar de poner dique a ese torrente.
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Conceder el recurso de apelación iba contra tradicionales criterios de la Corte norteamericana, que restringe mucho su competencia. No hay en eso ensañamiento, ni siquiera especificidad. Casi nadie o nadie, entonces, descontaba ese desenlace. Pero muchos suponían que el tribunal tendría “un ataque de sensatez” y arbitraría alguna medida que diera tiempo a la Argentina. Y evitara que un eventual pago a los fondos buitre desatara el efecto cascada que la Presidenta dijo que no puede ni debe tolerar. Si se mira con la lógica privatista que prima en el imaginario de los jueces en cuestión, hacerlo sería pura lógica constructiva.
No damnificaría a los holdouts, que son los demandantes, ni favorecería a terceros. Una remisión al Tesoro norteamericano en aras de una opinión no vinculante podría dar tiempo al Estado deudor sin damnificar especialmente a los reclamantes.
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La mandataria contó que el fallo no la sorprendió, lo cree un síntoma más de la influencia del poder financiero. Ese pálpito sí que fue relativamente original, porque el rechazo absoluto, sin el alivio de algún trámite más, no era el favorito en la city, en la oposición, en los economistas no enardecidos contra el oficialismo. “Es ilógico –dice uno de esos consultores habituado a hablar de ‘tú’ a ‘tú’ en las grandes ligas– porque niega a cualquier Estado soberano la posibilidad de negociar su deuda en situaciones críticas.” El mismo baqueano de Wall Street se sorprende por el tono de la sentencia (“emocional”): lee en su texto una sobrecarga innecesaria para un tribunal ascético.
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Un solo nombre propio mencionó la oradora, fue el del banquero David Mulford, numen del megacanje que hundió a la Argentina y engordó su patrimonio personal con comisiones jugosas. El setenta por ciento de la deuda que los buitres compraron a precio de ganga proviene del Blindaje y del Megacanje, urdidos durante el gobierno de la Alianza. El treinta por ciento restante proviene de la convertibilidad, informó Cristina Kirchner.
Los gobiernos surgidos a partir de 2003, reseñó Cristina, negociaron esa deuda sideral y la fueron pagando. Dijo, con razón, que jamás quisieron defaultear.
Hoy mismo quienes se solazan con hipotéticos “defaults técnicos” tienen otras pertenencias políticas o ideológicas.
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Poner dólar sobre dólar no cancelaría la deuda argentina, ésa es una narrativa falaz: la multiplicaría a niveles impagables, en virtud del efecto cascada.
Es parte del precio por haber cedido la soberanía y consentido la competencia de otros países. Lo hicieron los gobiernos que generaron la deuda que ahora ejecutan los holdouts pidiendo su libra de carne. También el que pulseó su quita y plan de pagos. Era forzoso para conseguir un piso de reputación. Pero la deuda que ahora se multiplica a la enésima potencia la contrajeron fuerzas que en este momento revistan en la oposición política.
La responsabilidad de la Presidenta la coloca frente a un escenario riesgoso e impredecible por falta de precedentes comparables. En otras notas y en otros diarios se hablará de posibles cambios de la sede de los pagos a los deudores legítimos, de urdimbres financieras para que terceros desinteresen a los buitres y una pila de etcéteras.
Esas hipótesis no son descartables, tampoco certeras. Lo que es seguro es que sería catastrófico el acatamiento liso y llano del fallo de jueces carentes de toda sensibilidad política, insensibles al contexto económico-financiero. Todo otro porvenir es posible, aunque más peliagudo desde ayer.
DESPUES DEL FALLO > ECONOMIA ESTUDIA OPCIONES PARA LOS ACREEDORES QUE PARTICIPARON DE LA REESTRUCTURACION
Menú de estrategias para seguir cumpliendo
Kicillof podría dar hoy detalles de los pasos a seguir. Una de las alternativas que puede implementar el equipo económico es ofrecerles al 92,4 por ciento de los acreedores que cobren en las mismas condiciones financieras pero en Buenos Aires y no en Nueva York.
Por Tomás Lukin
El mecanismo de pago dispuesto por el juez de primera instancia, Thomas Griesa, que fue convalidado ayer en la Corte Suprema de Estados Unidos, obliga al país a pagarles a los fondos buitre 1500 millones de dólares en un pago y en efectivo. Para garantizar su cumplimiento, el fallo prohíbe a las entidades financieras encargadas de canalizar en Nueva York los vencimientos de capital e intereses de la deuda argentina con el 92,4 por ciento de los acreedores a realizar esas transacciones si no se implementa la sentencia. Aunque ambigua, en su discurso Cristina Fernández dio a entender que no pagará en esas “condiciones extorsivas” a los buitres. Desde la visión del equipo económico entienden que se trata de una decisión materialmente impracticable y de consecuencias ruinosas para la sustentabilidad de la economía nacional. En cambio, CFK reiteró la voluntad negociadora del país a través de la re-reapertura del canje, una opción que fue descartada en reiteradas oportunidades por los buitres. El 30 de junio se deben desembolsar 532 millones de dólares por bonos Descuento emitidos bajo legislación extranjera. La mandataria aseguró que esos vencimientos serán pagados. Para eso, ordenó al Ministerio de Economía a cargo de Axel Kicillof que “disponga todos los instrumentos y estrategias necesarios para que todos los acreedores reciban su dinero”. Una de las posibilidades es cambiar la jurisdicción de pago a través de un canje voluntario. Si los pagos no se cursan de acuerdo con los parámetros establecidos al momento de su emisión, la deuda externa del país pasaría a ser considerada por las empresas calificadoras de riesgo en “default técnico”. Ese escenario tiene potenciales efectos financieros y geopolíticos, aunque no implicaría una crisis socioeconómica como la registrada en 2001-2002. El cese de pagos involuntario no emergerá en forma inmediata a fin de mes. Pero es probable que se registre incluso si el equipo económico garantiza los pagos mediante una mecánica alternativa como el canje de la jurisdicción.
Los pasos a seguir
Las precisiones sobre la estrategia de pago para los bonistas comenzarán a develarse a partir de hoy. Según indicaron a Página/12 desde el Palacio de Hacienda, Kicillof brindaría una conferencia de prensa para detallar los pasos a seguir. Poner a disposición de los buitres la re-reapertura del canje en condiciones de quita, reducción de intereses y extensión de plazos similares a los de 2005 y 2010, como dio a entender CFK, representa el paso más “sencillo” aunque infructuoso ante el sistemático rechazo de los fondos como NML Capital de Paul Singer. La Ley Cerrojo que impedía una nueva operación fue suspendida por tiempo indefinido en septiembre del año pasado. La implementación de un nuevo canje no avanzó. El objetivo no era lograr que ingresara el 7,6 por ciento de los acreedores en default, en su mayoría buitres que por su naturaleza “carroñera” rechazan participar y buscan cobrar el ciento por ciento de sus acreencias. La posibilidad, que se puso sobre la mesa a fines de 2012, era un guiño hacia la Justicia norteamericana sobre la voluntad de pago argentina, aunque no logró los resultados deseados.
Como apuesta fuerte de esa estrategia, el entonces equipo económico encabezado por Hernán Lorenzino propuso llevar a cabo un canje voluntario de los bonos regidos por legislaciones extranjeras –Estados Unidos, Inglaterra y Japón– por otros títulos. Esos nuevos papeles serían emitidos con ley local y pagados en las mismas condiciones financieras pero en Buenos Aires, para sortear las restricciones de Griesa. En ese momento se explicó que, quienes así lo desearan, podrían sostener el mecanismo de pago vía Nueva York, aunque quedarían expuestos a embargos.
Un 30 por ciento del total
La deuda emitida bajo legislación extranjera asciende a 28 mil millones de dólares. Ese stock representa alrededor del 30 por ciento del total de los pasivos externos. El cambio voluntario de los títulos no requiere una ley, sino que se trata de un procedimiento técnico que deberán implementar la Caja de Valores de Buenos Aires y la Secretaría de Finanzas. Pero esa alternativa también fue paralizada el año pasado. En ese momento, ningún acreedor tenía incentivos para participar de dicha operación de cambio de jurisdicción de los bonos. Aunque es un proceso sencillo desde lo operativo, es difícil obtener la participación masiva de los inversores minoristas. Además, existen algunos fondos de inversión extranjeros que, por sus reglas internas, no pueden comprar títulos que no se rijan por la ley norteamericana.
También se analizó informalmente la posibilidad de que los dólares de los pagos queden depositados en una cuenta custodia a nombre de cada acreedor en Buenos Aires sin convocar a un canje voluntario. Ninguna de las opciones barajadas previene un default técnico. En todos esos escenarios, Argentina se vería forzada por un fallo judicial a incumplir con las condiciones de pago acordadas al momento de la emisión de los bonos. Aunque el país garantiza sus desembolsos con las reservas internacionales del Banco Central, las agencias calificadoras de riesgo considerarían a partir del 30 de julio (hay un mes para remediar las irregularidades en los pagos) que la deuda argentina está en situación de default técnico, dificultando el flujo de inversiones extranjeras, así como los desembolsos de nuevas líneas de financiamiento de organismos internacionales.
DESPUES DEL FALLO > OPINION
El pecado original
Por Alfredo Zaiat
La decisión de cinco jueces republicanos y cuatro demócratas de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos afectando la voluntad soberana en materia financiera de un país genera perplejidad. No se inquietan quienes piensan que la Argentina tiene que adoptar una posición subordinada a las potencias y a organismos internacionales y que proponen además una economía integrada en forma pasiva al mercado mundial como proveedor de materias primas. Provoca confusión, en cambio, en quienes se preguntan cómo un país puede ser juzgado por tribunales de otro país. ¿Por qué la Argentina es juzgada y condenada en Estados Unidos en una causa iniciada por fondos buitre que representan una minoría del total de los acreedores que aceptaron el canje de deuda en default? El pecado original para que esto suceda fue en la década los ’80, consolidándose en la siguiente y sin poder saldar esa herencia en los años del kirchnerismo. Ese pecado fue la cesión de la soberanía jurídica a favor de tribunales de países centrales en materia de emisión de deuda. Quienes entonces mordieron la manzana con entusiasmo son los mismos que con sus herederos hoy dan consejos sobre cómo se debe negociar con los buitres.
El arrebato de la soberanía jurídica fue la protección que consiguieron fondos de inversión extranjeros cuando empezaron a desplegarse las finanzas globalizadas. El recorrido nace con el ciclo de endeudamiento en América latina, alimentado con el reciclado de los petrodólares por parte de grandes bancos internacionales a mediados de los ’70. ¿Cómo fue el proceso hasta la pérdida de la soberanía jurídica? En los ’80, esa deuda era coordinada en comités de acreedores de bancos (Citi, Chase, JP Morgan, Deutsche) y, ante el peligro de un default generalizado (1982), esas entidades comenzaron a organizar emisiones de bonos que eran comprados por sus clientes y grandes fondos de inversión (Plan Baker y Plan Brady). Exigieron a los países apurados por refinanciar la deuda que debían ofrecer cobertura judicial extranjera a esos nuevos acreedores, como garantía ante un eventual incumplimiento. Los países deudores aceptaron esas condiciones. De ese modo ya no tenían compromisos con un grupo de bancos internacionales, sino que las obligaciones a pagar pasaron a ser con miles de inversores que compraron bonos de deuda.
El vínculo desigual fue determinado por el mundo de las finanzas: si un país, periférico e imprevisible política y económicamente, quería colocar deuda, ya sea para financiar sus desequilibrios o la fuga de capitales de su propia clase empresaria, debía resignar su soberanía jurídica. Ese costo inmenso, simbólico y político, y que también puede ser económico, fue naturalizado por distintos gobiernos, hasta en los canjes de deuda de 2005 y 2010. La administración kirchnerista tenía un margen muy estrecho si aspiraba a avanzar en el canje en los primeros años de recuperación económica luego de la crisis 2001-2002. Esa limitación muestra que la estructura financiera internacional es un potente instrumento de sumisión de países, como hoy lo padecen las economías europeas periféricas. Y cuando un país la desafía, como lo hace la Argentina, recibe una respuesta contundente de esa comunidad de negocios con muy buena aceptación en los tribunales de Nueva York, como se comprobó.
Que un juez de primera instancia, tres de la Cámara de Apelación y nueve supremos coloquen en el banquillo a un país por una medida económica dispuesta en forma soberana, como fue el default de su deuda y posterior reestructuración, es el resultado de ese marco normativo que establece la preeminencia de los intereses de las finanzas globales sobre decisiones de una nación soberana. Esto es aceptado por el discurso económico convencional como estrategia de seducción del capital extranjero. Es una herencia neoliberal no saldada que hoy exhibe toda su capacidad perturbadora. Lo mismo sucede con los Tratados Bilaterales de Inversión firmados con 59 países que significaron también una cesión de soberanía jurídica a favor del Ciadi, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, en litigios con multinacionales.
El pecado original está escrito en el documento de emisión de bonos de la deuda. Una de las condiciones dice que si los títulos no se rigen por la ley argentina se aplicará la de Nueva York, para los nominados en dólares, la de Londres, para los papeles en euros, y la de Tokio, para los emitidos en yenes. Esos títulos emitidos bajo legislación de Nueva York fueron suscriptos por inversores extranjeros, lo que no significa que argentinos no hayan comprado esos papeles, ya sea porque prefirieron otra cobertura jurídica a la nacional o porque lo hicieron con capital no declarado al fisco. Esas emisiones también tuvieron el objetivo de poder negociar esos bonos en la plaza de Wall Street, logrando así una mayor desconexión jurídica, financiera y de fiscalización de mercados periféricos, como el de Buenos Aires. Esos títulos poseen cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y, con ciertas limitaciones, de renuncia a invocar la inmunidad soberana y la inembargabilidad de los bienes del Estado nacional establecidos en el Prospectus Supplement (Suplemento de Prospecto) de la emisión de los bonos. En los documentos de emisión de deuda se menciona que esas condiciones “resultan de práctica habitual en el mercado financiero internacional, en materia de endeudamiento de países”.
Existen ciertos límites a esa pérdida de soberanía e inmunidad soberana. La renuncia no incluye bienes con derecho a los privilegios e inmunidades establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961; los bienes con derecho a inmunidades establecidas en la Foreign Sovereign Immunities Act (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras) de 1976; los activos que constituyen reservas de libre disponibilidad; los bienes del dominio público situados en el territorio de la República Argentina que están comprendidos en las disposiciones de los artículos 2337 y 2340 del Código Civil (por ejemplo, ríos, puentes, islas); los bienes situados dentro o fuera del territorio que están destinados al suministro de un servicio público esencial; los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación; bienes asignados a las representaciones diplomáticas o consulares y misiones gubernamentales; y bienes asignados al uso militar o bajo el control de la autoridad militar o de defensa.
La posición argentina en los tribunales de Nueva York como en los litigios en el Ciadi fue la de desafiar el pecado original de cesión de la soberanía jurídica. Esa política ha tenido la virtud de la resistencia y la debilidad de la carencia de iniciativas para de-sarticular esa normativa. En estos años donde hubo diferentes instancias judiciales no ha estado en controversia, pese al argumento buitre y de sus lobbistas locales, la voluntad de pago de la Argentina, sino hasta qué nivel jueces de Estados Unidos estaban dispuestos a avanzar sobre la soberanía de otro país. Ayer se supo: hasta la prepotencia de atropellarla.
DESPUES DEL FALLO > EL PROCESO JUDICIAL Y LOS EVENTUALES PASOS DE LOS ACREEDORES DESPUES DEL FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Cómo sigue la pelea con los fondos buitre
Después de la decisión contraria a la Argentina del máximo tribunal estadounidense, el juez Griesa debe resolver si ejecuta la sentencia o habilita una instancia de negociación entre las partes para efectivizar los pagos.
Por Cristian Carrillo
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ayer la apelación de la Argentina sobre los fallos de primera y segunda instancia que obligan al país a pagar 1330 millones de dólares en efectivo a un grupo de fondos buitre por sus títulos en cesación de pagos. La causa, que se remonta a febrero de 2012, volverá al tribunal distrital de Nueva York, más específicamente al despacho del controversial juez Thomas Griesa, quien decidirá si ejecuta la sentencia o habilita una instancia de negociación entre las partes y así evitar que se ponga en peligro la reestructuración de la deuda argentina. La Cámara de Apelaciones neoyorquina contará con un par de semanas para levantar el stay (medida cautelar de no innovar) que protege al país de embargos. “Si tuviéramos que pagar este reclamo, tal como lo dijo Griesa, habría que desembolsar 15 mil millones de dólares por todas las demandas que se abrirían”, advirtió la semana pasada el ministro de Economía, Axel Kicillof, y ayer lo repitió la Presidenta (ver página 3). Si bien existe la posibilidad de pedir una revisión a la Corte sobre su decisión, las cartas en materia judicial están prácticamente agotadas y sólo queda la muñeca financiera del equipo económico para evitar una interrupción de la cadena de pagos de la deuda vigente.
“La petición de certiorari –apelación– se les niega. Las órdenes están ahora en pleno vigor y efecto. (La jueza Sonia) Sotomayor no participó en la consideración o decisión de estas peticiones”, informaron desde la Corte estadounidense. La abstención de Sotomayor, la primera jueza de habla hispana en este máximo tribunal, también se replicó en la sentencia contraria que recibió la Argentina en la causa satélite Discovery Mundial (ver aparte). La orden en vigor habilita a Griesa a continuar con la aplicación del fallo dispuesto en febrero de 2012 y ratificado en octubre de ese año por la cámara. La Corte tenía como alternativas acceder al pedido argentino y analizar la causa o solicitar una opinión escrita de la administración Obama, pero las desechó.
La decisión de la Corte se conoció a las 9.35 –una hora más para el huso horario argentino– en el blog del tribunal y cierra así un largo derrotero en los juzgados neoyorquinos contra los fondos buitre NML, Aurelius, Blue Angel y otros pequeños inversores. Los letrados de Aurelius ya habían solicitado anoche a Griesa que ejecute la decisión. La historia comienza con la sentencia de primera instancia de Griesa que ordenó a la Argentina pagar la totalidad de la deuda que reclaman los buitres, sin quita. El Gobierno apeló ante la cámara con el argumento de que esa medida discriminaba a los que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, poniendo en riesgo toda la reestructuración. El 26 de octubre de 2012, la cámara respaldó el fallo de Griesa y solicitó al juez un mecanismo de pago. El magistrado del Segundo Distrito ordenó que se pague en efectivo y que se deposite esa cifra en una cuenta de garantía para los buitres, junto con el pago del cupón del PBI de ese año (2012). Para evitar el default técnico que implica el embargo de ese dinero destinado al pago de deuda performing (vigente), el Gobierno propuso reabrir el canje. Los buitres rechazaron la oferta y la cámara falló contra la Argentina. Las sentencias fueron apeladas ante la Corte.
De cuervos y buitres
La negativa del máximo tribunal pone en riesgo el pago de compromisos de deuda, pese a que su cumplimiento fue asegurado a los bonistas por la Presidenta ayer en cadena nacional. El 30 de este mes el país enfrenta vencimientos del bono Discount por 749 millones de dólares, de los cuales 228 millones corresponden a emisión bajo Ley de Nueva York. El 30 de septiembre vencen 183 millones de dólares en bonos PAR, de los cuales 67 millones corresponden a series bajo legislación neoyorquina. Desde Aurelius pidieron anoche que se ejecute la sentencia antes del 30 de este mes con el objetivo de que se embarguen las cuentas del Bank of New York (BoNY), entidad a través de la cual se canalizan los pagos a los acreedores en el extranjero, lo que derivaría en un default técnico (ver aparte).
Las posibilidades en el terreno legal para la Argentina son escasas. Las alternativas para evitar esta situación contemplan en lo inmediato solicitarle a la Corte la posibilidad de que revea esta decisión, medida judicial que se podría concretar en un plazo de entre 20 y 25 días. Lo habitual es que el máximo tribunal responda negativamente a este tipo de peticiones. Sólo se da un caso contrario cada quince años, según explicó a este diario Eugenio Bruno, socio del estudio Garrido. De todos modos, ese plazo le permitiría al país transferir los fondos para el pago del Discount sin trabas.
La vuelta del caso al despacho de Griesa habilita a las partes –abogados del Estado argentino y de los fondos buitre– a comparecer nuevamente ante el magistrado. En ese marco, el juez podría evaluar la posibilidad de algún tipo de acuerdo antes de que se efectivice la decisión de abonar a los fondos buitre el ciento por ciento de lo reclamado. La alternativa de una propuesta de pago a este grupo de fondos especulativos plantea una discusión también de índole legal. Si la oferta acordada resulta más favorable que la de los bonistas del canje, se podría activar la cláusula RUFO, aquella que pone en igualdad de condiciones a los bonistas del canje. Esta cláusula vence en diciembre de este año. La expectativa del equipo económico era que la decisión de la Corte se extendiese hasta esa fecha para poder hacer un arreglo con los buitres sin perjudicar la reestructuración de la deuda; esto es, sin que el 93 por ciento de los bonistas que ingresó al canje reclame la diferencia respecto de la quita que aceptó en la operación. Letrados vinculados con la causa sostienen que esa ola de juicios podría verse frustrada ante el hecho de que el pago a los buitres no es una operación voluntaria porque se trata de una solución forzada por la Corte.
Otra opción es que la Argentina se plante en su decisión de no pagarles a los fondos buitre más que al resto, algo que podría desprenderse del discurso de Cristina Fernández. En este caso se abren dos posibilidades: una es que sean los bonistas que aceptaron el canje los que intenten negociar con Paul Singer, dueño del fondo NML, la compra de deuda a un precio mayor que el ofrecido por el país. Esta opción, al ser entre privados, evitaría dificultades legales vinculadas con la equidad de la oferta. La otra posibilidad es decidir si cambia el domicilio de pago debido a que todo monto que ingrese al BoNY para el pago a bonistas con títulos reestructurados serán tomados para el cumplimiento de la decisión de Griesa (ver aparte). El riesgo de ésta es que sea interpretada como desacato a la orden de la Corte.
ESPUES DEL FALLO > LA OPOSICION RESPONSABILIZO A LA CASA ROSADA POR EL FALLO DE LA CORTE
Con las culpas al Gobierno
Los mismos dirigentes que antes se mostraban contemplativos, luego de conocida la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos acusaron al Gobierno de haber equivocado su estrategia en la causa.
Tras el veredicto de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la sentencia de la oposición nacional fue igual de unánime: la culpa de todo la tiene el gobierno nacional. Así lo manifestaron los principales referentes opositores, del radicalismo al PRO. Incluso el macrista Federico Sturzenegger, que viajó la semana pasada con la comitiva legislativa a Washington y que ayer por la mañana se mostraba “optimista de que de una manera u otra se va a encontrar un camino razonable para la Argentina”, una vez conocido el fallo dijo que “hubo un mal manejo del Gobierno, con soberbia e impericia”. Desde la izquierda, llamaron una vez más a no pagar la deuda.
“Cristina se dedicó a contar parte de la historia. Ahora reconoce que le faltan dólares y que tiene que negociar. Ojalá lo haga sin improvisar”, tuiteó el dirigente del Frente Renovador y ex presidente del Banco Central, Martín Redrado. El precandidato del FA-Unen, Hermes Binner, consideró que “hoy no es un buen día para el futuro del país. Esto es el logro de tanta improvisación y tantos cambios. Hay que buscar una salida negociada, no acusar a Griesa de buitre”. El senador de FA-Unen, Pino Solanas, señaló que “es un tropiezo mayúsculo que nos deja el borde del default y cede nuestra soberanía a tribunales extranjeros. El Gobierno volvió a fracasar en su política de desendeudamiento y seguirá pagando una deuda ilegítima”. “El Gobierno negociará en inferioridad de condiciones y deberá aceptar la voluntad de los bonistas amparados por la Justicia de EE.UU.”, agregó.
El ex vicepresidente Julio Cobos consideró que “esto afecta al país en forma profunda y trasciende al Gobierno. La Presidenta debe convocar a todos los sectores y tomar una decisión conjunta”. El titular del Comité Nacional, Ernesto Sanz, en tanto, señaló que “ante la decisión de la Corte, el Gobierno deberá actuar con responsabilidad y prudencia, pensando en el futuro del país. Cerrar este tema generando el menor costo posible para los argentinos”. No dio detalles de cómo piensa que deba hacerse eso.
Para Ricardo Alfonsín, “el Gobierno hizo todo lo que no había que hacer para obtener una sentencia conveniente para el país”. “Si bien es cierto que ninguna actitud del Gobierno hubiera dado seguridades respecto de un fallo favorable, también lo es que después del gobierno de Néstor Kirchner, el de Cristina, por demagogia, hizo todo lo que no había que hacer”, consideró. El diputado radical Miguel Bazze consideró que “el fallo de la Corte es un revés que lamentablemente sufre la Argentina, está claro que es consecuencia de la falta de responsabilidad con la que el gobierno nacional afrontó el tema”.
Aunque por la mañana, antes de conocerse el fallo, Sturzenegger se había mostrado optimista, luego de la sentencia, el diputado macrista afirmó que todo fue un “mal manejo del Gobierno”. El economista –quien fue sobreseído en una causa en la que se investigaba su responsabilidad en el Megacanje de deuda de la Alianza– estimó que “la soberbia y la impericia se pagan con estos problemas” y que “desgraciadamente todo va a repercutir sobre el bolsillo de los argentinos”.
El jefe de la bancada PRO, Federico Pinedo, opinó que “la irresponsabilidad del Gobierno ha generado un daño tremendo a la Argentina en el juicio de los buitres”. En tanto, el diputado del Frente Renovador José de Mendiguren consideró que “algunos internamente quieren aprovechar esto para pelearse con el gobierno de turno, y esto trasciende a eso. Llegamos al default por la década de los ’90 en la que nos endeudaron hasta la insolvencia. Esto viene de políticas neoliberales, no de la Argentina de los últimos años que aplicó la política que aplicó”.
El ex presidente interino Eduardo Duhalde, en medio de un viaje por Turquía, opinó que “es lamentable. Es un fallo que no solamente perjudica al país, sino que tiene un riesgo sobre todos los acuerdos. Quiero aconsejar a la Presidenta que no se apure”.
El dirigente de Unidad Popular Claudio Lozano remarcó que “de nada sirvió haber hecho todos los deberes, haber devaluado, haber acordado con el Club de París, haber reconocido la jurisdicción del Ciadi, haber indemnizado a Repsol. Seguimos pagando el precio de no haber investigado la deuda pública y de no haber cuestionado desde un comienzo la prórroga de jurisdicción y la pérdida de soberanía que supone aceptar ser juzgados en los tribunales extranjeros”. A ese planteo se sumó el legislador del MST, Alejandro Bodart, quien consideró que el fallo es “un atropello colonial de marca mayor, pero la peor estrategia argentina sería seguir negociando con los buitres y demás usureros. Hay que suspender todo pago y auditar a fondo la deuda externa, para saber qué parte es ilegítima y cuántas veces ya pagamos la supuesta parte ‘legítima’”. “Lejos de fortalecernos, pagar nos debilita cada vez más. Para parar esa enorme sangría, es preciso dictar la suspensión inmediata de todo pago y utilizar esos millones para saldar las deudas sociales con nuestro pueblo”, estimó. Entre las voces opositoras hubo lugar también para el desconcierto. El legislador del PRO Iván Petrella se sinceró: “No sé cuál es la mejor respuesta al fallo de la Corte. Espero que el Gobierno sí lo sepa”.
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