Santa Fe
Sábado, 29 de octubre de 2011Causa Puerto: Una bisagra histórica para el periodismo de Santa Fe
Gustavo Víttori, dueño del vespertino denunció penalmente a Pilo Monzón, jefe de redacción del UNO Santa Fe. Para la Justicia se publicaron informes periodísticos sobre temas de interés público.
1 de 3Fuente: Diario UNO Santa Fe.
“Autos y Vistos: Estos caratulados: “Víttori, Gustavo José c/ Monzón Juan Raúl Santos sobre Querella por injurias” (Expte. Nº 1136-Año 2008) tramitados por ante este Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Tercera Nominación, y de los que
Resulta: Que la querella fue presentada por los Dres. Ignacio Orio, Gonzalo Orio y Roberto Büsser ante el Juzgado Correccional de la 2da. Nominación, el 21 de diciembre de 2007 atribuyéndose el delito de injurias, previsto en el art. 110 del Código al señor Juan Raúl Santos Monzón. (...) Se recibió declaración del querellado de acuerdo con el art. 521 (fs. 92/92vlto), se recepcionó la contestación de la querella (fs. 93/123) y se produjeron las pruebas ofrecidas por las partes”(...).
La mordaza judicial
Pasaron casi cuatro años de aquella calurosa mañana del 21 de diciembre de 2007 en la que Gustavo Víttori, dueño del diario El Litoral y por entonces, presidente de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) presentó una denuncia penal contra el redactor jefe de este diario y por propiedad transitiva, contra Diario UNO de Santa Fe. Se trataba de 63 páginas a las que se adosaba una importante cantidad de material publicado en el diario de su propiedad, folletos varios y las páginas del matutino con la investigación sobre las dudosas maniobras realizadas en los terrenos donde se enclavará el nuevo puerto de Santa Fe que fueran publicadas en Diario UNO de Santa Fe en las ediciones del 8, 22, 24 y 29 de julio; 3,5 y 12 de agosto; y el 25 de septiembre de 2007.
En dichos artículos quedaba claramente expuesto el cono de sombras que envolvía la adquisición de terrenos próximos al lugar donde finalmente se erigirá la nueva estación fluvial realizada por uno de los integrantes del directorio de El Litoral, Nahuel Caputto, siendo su socio Gustavo Víttori un ferviente impulsor de su traslado a esa zona puntual.
“CONSIDERANDO: Se atribuyó a Juan Raúl Monzón haber injuriado a Gustavo José Víttori mediante notas periodísticas que involucraban a éste último con adquirentes de terrenos cercanos al lugar donde se ubicaría el puerto local. En este tema, evidentemente, se ha ventilado un tema de interés público relacionado con un supuesto tráfico de influencias en la relocalización del referido puerto”.
El acoso judicial como respuesta
En suscintas líneas, el planteo de base de aquellas notas era sencillo: ¿Alguien pudo saber con meses de anticipación al informe final de la consultora interviniente, cuál era el lugar exacto que aconsejaría para trasladar el puerto? ¿Porqué, tiempo después, se registraron dos decenas de operaciones de compraventa de terrenos en esa zona? ¿Fue casualidad que uno de los adquirientes de terrenos era, a su vez, integrante del directorio de diario El Litoral? ¿No resultaba al menos curioso que uno de los responsables de la dirección de la empresa informativa vespertina fogoneara el traslado del puerto a través de continuos pronunciamientos desde su diario y las instituciones en las que participaba activamente -como la Bolsa de Comercio- mientras su socio directo, Nahuel Caputto compraba terrenos allí? Peor aún, que habiéndose puesto en conocimiento público esta situación: ¿Era real o ficción el entredicho de Gustavo Víttori con Nahuel Caputto que se plasmó en la solicitada que fuera publicada el 21 de abril de 2007 en el diario El Litoral? En vez de despejar dudas a través de su medio, o de aclarar los errores o incorrecciones del UNO -si así lo entendiera- prefirió ir a la Justicia. El ex presidente de la Bolsa de Comercio tenía un objetivo: disciplinar a todo el periodismo en un tema sensible a sus intereses.
Haz lo que yo digo más no...
Gustavo Víttori, además de ser dueño de diario El Litoral y uno de sus responsables editoriales, al momento de llevar a un periodista local ante los estrados, era presidente de ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. El dato no es menor. Como titular de un medio de comunicación y más aún, como representante de una institución con vasos comunicantes en todo el país, sabe que querellar a un periodista significa enviar un mensaje a todos los hombres y mujeres que ejercen la profesión en ciudad y a la comunidad toda. Es una manifestación de poder, lacerante y con intenciones inhibitorias para quienes se animen a contrariar sus intenciones. Quería punir penal y económicamente a un cronista de Santa Fe. Otro rostro mostraba en Buenos Aires y para ADEPA. Allí se manifestaba en contra de la judicialización de los medios y periodistas que cumplían con su mandato de informar.
Durante su gestión en ADEPA, refrendó un comunicado donde consideró necesario que “se desista de perseguir penalmente a periodistas y directivos de medios, en la genuina convicción de que con ello se contribuirá a afianzar la más irrestricta vigencia de la libertad de prensa, valor clave de toda sociedad moderna”.
Pero su pluma iba más allá. Fundamentó que era indispensable actualizar el debate para “despenalizar los delitos de calumnias e injurias a través de la prensa” prometiendo que ADEPA iba a “redoblar sus esfuerzos ante el Congreso de la Nación a fin de explicar la conveniencia de su eliminación”. Mientras tanto en Santa Fe, presentaba una acción judicial plagada de descalificaciones con el fin de evitar una revisión de lo actuado por algunos actores en el necesario y vital proceso de traslado del puerto.
Conclusiones
El juez Orlando Pascua entendió en su resolución que en el contenido de las notas publicadas por Diario UNO “evidentemente se ha ventilado un tema de interés público relacionado con un supuesto tráfico de influencias en la relocalización del referido puerto”.
Sumado a ello, las modificaciones que devinieron en el Código Penal para la protección del periodismo cuando éste avanza sobre temas de relevancia social derivadas del caso Kimel, terminó por delinear un pronunciamiento categórico: “Que la nueva ley 26.551 reformó el art. 110 del Código Penal disponiéndose que la acción resulta atípica cuando las expresiones vertidas refieran a asuntos de interés público (...) Por ello entonces, el hecho atribuido a Juan Raúl Monzón no encuadra en la figura penal del delito de injurias, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 356 inc. 1 ap. b) del C.P.P, corresponde disponer su sobreseimiento”. RESUELVO: 1) SOBRESEER al Sr. Juan Raúl Santos Monzón, casado, periodista, hijo de Juan Ramón y Dora Cuevas (...) del delito de INJURIAS por el que fue querellado (Art. 110 del Código Penal),(...) Resérvese el original, agréguese copia, hágase saber y oportunamente archívense las actuaciones. FIRMADO: Dr. Orlando Pascua, Juez; Dr. Esteban Morales, Secretario”.
Lo importante es que la Justicia escrutó los informes plasmados en las páginas de Diario UNO que mostraron episodios reales y documentados. Notas que tenían que ver con un gravitante e indispensable tema de interés público como lo es el traslado del puerto de Santa Fe. Así se alumbró un fallo judicial que sentará jurisprudencia en la provincia ya que neutraliza la pretensión de hostigar y disciplinar a la prensa a través de un asfixiante asedio en los Tribunales. Un freno para aquellos que , escudándose en la defensa del honor, buscan limitar la libertad de expresión.
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