comenzó el alegato de abuelas de plaza de mayo en el juicio por el robo de bebés

“Los niños también fueron un colectivo considerado en el plan de represión”
Los abogados del organismo, conducidos por Alan Iud, pidieron que se declare expresamente que durante la dictadura militar se llevó a cabo un plan sistemático de apropiación. Videla se durmió y fue reprendido por el tribunal.










 

   





Por:
Gerardo Aranguren

Con un pedido a la justicia para que se declare la existencia de un Plan Sistemático de Apropiación de Niños, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron ayer su alegato en el juicio que tiene como imputados del robo de bebés a los ex dictadores Reynaldo Bignone y Jorge Rafael Videla, quien recibió un reto del tribunal por dormir durante la audiencia.
 “Por el carácter histórico de este juicio, no nos limitaremos a requerir la correspondiente sanción de los imputados sino que requeriremos que expresamente se declare que durante la dictadura militar se llevó adelante en nuestro país un Plan Sistemático de Apropiación de Niños, ejecutado orgánicamente por las Fuerzas Armadas y de seguridad”, adelantó Alan Iud durante la exposición de Abuelas, que se extenderá durante dos días más. A su lado escuchaban atentos la titular de la institución, Estela de Carlotto, y Francisco Madariaga, uno de los tantos nietos restituidos que llegaron ayer a Comodoro Py.
La audiencia comenzó cerca de las 10:30, luego de que el Tribunal Oral Federal 6 diera por concluida la etapa probatoria. Minutos antes habían ingresado los imputados, encabezados por Videla y Bignone y seguidos por los ex marinos Rubén Franco, Antonio Vañek, el ex comandante de Institutos Militares Santiago Riveros, el apropiador de Victoria Donda, Juan Azic, y los apropiadores de Francisco Madariaga, el ex capitán del Ejército Víctor Gallo y su ex mujer Susana Colombo.
Durante su alegato, Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó las demoras judiciales, ya que el juicio oral llegó más de 15 años después de la denuncia original del organismo, el 30 de diciembre de 1996. Si bien valoró el impulso inicial en un contexto de impunidad, Iud consideró que “el proceso es un reflejo de las esquivas políticas del Poder Judicial para abordar los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado”. Recordó que debido a las demoras, muchas Abuelas fallecieron antes de recibir justicia y muchos imputados murieran impunes, como Emilio Massera, Guillermo Suárez Mason o Cristino Nicolaides. 
“No hay prueba más contundente de la sistematicidad de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado que los relatos de aquellos niños, hoy adultos, nacidos en los centros clandestinos de detención y criados en la mentira”, sostuvo el abogado, quien luego enumeró las evidencias que se conocieron durante más de un año de juicio oral, y que prueban que el robo de bebés fue realizado de manera institucional por el terrorismo de Estado.
En este sentido, indicó que “la suerte de estos niños estuvo atada a la de sus padres. Aquellos niños nacidos en cautiverio y cuyas madres continúan desaparecidas, no fueron entregados a sus familias ya que esta aberrante práctica perseguía la finalidad de borrar todo rastro sobre el destino de las madres.”
 El abogado citó varios documentos y reglamentos internos de las Fuerzas Armadas que hacían referencia al “problema de los niños” y que marca cómo “desde los primeros tiempos de la dictadura, los niños eran un colectivo considerado en el plan de represión”. También analizó que en el primer semestre de 1977 se consolidó la “institucionalización” del robo de bebés: “Esa práctica que se venía llevando adelante desde principios de la represión comenzó a ser ordenada y vehiculizada por los canales institucionales correspondientes para esta época. Es decir, paulatinamente, se da un significativo salto cualitativo en todo el territorio nacional y en las tres Fuerzas Armadas en el tratamiento de los bebés nacidos en cautiverio”, explicó.
 Luego de la introducción de Iud, los abogados Florencia Sotelo, Germán Kexel y María Inés Bedia leyeron los hechos que se investigan en los centros clandestinos Automotores Orletti, Pozo de Banfield, el circuito Atlético-Banco-Olimpo y el Vesubio, mientras que en la audiencia de hoy terminarán de leer los casos de las maternidades clandestinas de la ESMA y Campo de Mayo. <