Complicidad civil

JF recibió plata manchada con sangre

Jorge Fontevecchia, en su editorial, intenta algunos sofismas mencionando que la publicidad no determina la línea editorial de una publicación. Pasa por alto, pues le conviene, la diferencia entre la publicidad de los actos de gobierno de una administración democrática y los avisos que justifican las matanzas de una dictadura militar.

Sergio Szpolski

¿¿¿???

Así titula ayer su editorial en el diario Perfil Jorge Fontevecchia.

Por primera vez, este verborrágico y compulsivo citador de frases célebres se quedó sin palabras.

Y está bien, pues no hay palabras que puedan explicar lo que hizo en sus años mozos.

En tono soberbio, agradece que Veintitrés lo ubique en la misma foto que Mitre y Magnetto. No son muchos los argentinos que estarían felices de figurar entre dos cómplices de genocidio. Pero él lo está. Porque, en realidad, la nota prueba que fue cómplice y beneficiario de la dictadura más sangrienta que vivió la Argentina.

El Grupo Veintitrés, en su revista 7 días, reveló por primera vez hace cinco años las notas que la revista La Semana publicó en favor del gobierno militar, como aquel cálido reportaje que el actual director de Caras Brasil le hiciera al comandante Massera o la editorial donde el propio Fontevecchia afirmaba que la campaña antiargentina en el exterior era fruto de la actividad subversiva. La Semana no fue cualquier revista. Es, en realidad, la revista Noticias que antes se llamaba Noticias de la Semana y mutó su nombre bien entrada la democracia para ocultar su vergonzoso pasado. Esto es tan cierto que en 1999 la tapa de la revista Noticias celebraba sus primeros 20 años. Es decir, son la misma revista.

Sin embargo, revelar las notas que publicó y firmó Jorge Fontevecchia como vocero de la dictadura producen, como le gustaría decir a él (citando de Google alguna frase), demasiado abstracto para marcar su vínculo con los genocidas. En aquella oportunidad argumentó que también hubo notas contra los genocidas, o que fue objeto de un secuestro del cual nunca fue aclarado su móvil, y que muchos sospechamos se trató de un gravísimo caso de secuestro extorsivo a cambio de dinero realizado por las mismas bandas que protegía la dictadura, pero sin connotaciones políticas. Y, de hecho, para Fontevecchia esa fue su primera tesis, pues no hizo la denuncia ante la CONADEP sino que la agregó muchos años después.

Por eso ahora se quedó sin palabras para explicar. Pues ya no es abstracto lo que se discute. Es bien concreto.

Los avisos de la dictadura están publicados, lo que implica que recibió dinero de los genocidas para financiar sus publicaciones, y a su vez prueba que no tuvo ningún reparo moral en recibir plata manchada con sangre.

Eso es lo que lo dejó mudo.

En su editorial intenta algunos sofismas mencionando que la publicidad no determina la línea editorial de una publicación. Pasa por alto, pues le conviene, la diferencia entre la publicidad de los actos de gobierno de una administración democrática y los avisos que justifican las matanzas de una dictadura militar. Los gobiernos democráticos no son iguales a las dictaduras, y esa falta de diferenciación es el origen de todo los defectuoso en el discurso de Fontevecchia. Cree que se debe criticar a un gobierno democrático con las mismas categorías que se lo hace con una dictadura, y también que se puede recibir publicidad oficial y dinero de una dictadura como si fuera lo mismo que recibirlo de un gobierno democrático.

Sobre el final de su ditorial intenta minimizar su responsabilidad con el argumento que sólo tenía 20 años.

A los 20 años, uno es responsable de sus actos, y su postura de cómplice de la dictadura no se atenúa con esta argumentación casi infantil.

Quien esto escribe tenía 17 años en 1982, cuando participó como militante en la Asamblea Constitutiva del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, fundada por el rabino Marshall Meyer, Herman Schiller y Fernando Sokolowicz. La edad no es una excusa a la hora de las convicciones. Por eso, lo que sí puede mostrar orgullosamente el Grupo Veintitrés es que tanto Matías Garfunkel como yo nos hemos mantenido firmes en la lucha por la democracia, los Derechos Humanos y la Justicia Social. No tenemos las manos manchadas con plata que chorrea sangre, ni fuimos socios comerciales de una dictadura genocida.

Somos distintos. Nosotros, en la edición de este 24 de marzo, aniversario del inicio del genocidio y la persecución a cientos de periodistas, damos cuenta de la complicidad de los medios con la dictadura. Fontevecchia, a través de la revista Noticias y su director, Eduardo Zunino, prefieren conmemorar esta fecha estigmatizando a un periodista por pensar distinto a ellos. Que el dueño de un medio haga esto es, de por sí, grave. Pero que un colega convalide este artero ataque hacia otro colega, es repugnante.

Los avisos de la pauta oficial publicados en sus medios prueban que Fontevecchia se benefició económicamente de una dictadura a la que defendía en sus editoriales.

Fontevechia no actuó por miedo –lo que podría ser comprensible, pero le quitaría el derecho que él se arroga ahora de ser la conciencia moral del periodismo–, sino que al igual que Clarín y La Nación se benefició pecuniariamente de los genocidas.

Noticias tiene debajo de su tinta negra un componente de rojo sangre del cual debería avergonzarse o, por lo menos, pedir disculpas.

En su editorial ataca a Veintitrés, pero no responde lo principal: ¿Recibió Fontevecchia plata de la dictadura militar que produjo el genocidio de 30 mil desaparecidos? La respuesta es sí.

Una vez más, como lo hice a través del entonces presidente de FOPEA, el periodista Gabriel Michi, lo invitó a Jorge Fontevechia a debatir este tema en el foro que él quiera y con los moderadores que él elija. Espero que esta vez no rehuya la propuesta.

Fontevecchia, en su editorial, cita a Lanata. Yo prefiero el Talmud.

En el tratado Avodah Zarah –página 2A– el texto dice: “Durante los tres días anteriores a las fiestas paganas de los idólatras, está prohibido hacer negocios con ellos, prestarles artículos o tomar prestado de ellos, darles o recibir dinero de ellos, pagarles una deuda o recibir pago de ellos.”

Queda claro para los rabinos del Talmud que una transacción comercial con los pueblos paganos que practicaban sacrificios humanos en sus festividades debían estar prohibidas y no debía aceptarse plata de aquellos que tenían prácticas inhumanas.

Jorge Fontevecchia no tuvo problemas en recibir dinero de quienes, igual que los paganos, organizaron una orgía de sacrificios humanos, que no sólo le quitó la vida a las víctimas, sino el alma a sus cómplices.

Jorge Fontevecchia se quedó con el dinero de los genocidas, pero les entregó su alma.

Que Dios lo perdone. <

Elogio de Víctor Hugo

El miércoles 21, la revista Noticias, a través del periodista Diego Leuco, me convocó para escribir una columna de opinión que acompañara una nota de tapa sobre Víctor Hugo Morales.

Por:

Roberto Caballero

En mi caso, si aceptaba, debía escribir la columna a favor, con lo cual deduje que había otra en contra. Me equivoqué, fueron dos: la de Pablo Sirvén, periodista de Espectáculos de La Nación; y la de Carlos Campolongo, docente universitario y peronista disidente. Respondí que no, la misma noche del 21, porque desde 2003, cuando partí de Editorial Perfil, intenté no asociarme al estilo que Jorge Fontevecchia le impone a sus productos. Ni siquiera me unen ahora a mi viejo editor sus añejas críticas al oligopolio Clarín –hoy sepultadas por él mismo–, que tanto perjudicó a su editorial de revistas cuando intentó dedicarse a los diarios, porque ahora él defiende a Héctor Magnetto y su oligopolio. Cambió Fontevecchia en este tiempo y cambié yo, cambió el país y cambió Víctor Hugo Morales.

Por eso, quizá, no me gusta la doble vara como método inquisitorial. Fontevecchia puede defender a Héctor Magnetto por misteriosas razones que sólo encuadrarían en el Síndrome de Estocolmo o el prejuicio antipopular y resulta que Víctor Hugo Morales no puede, está invalidado, o moralmente censurado, de hacer un periodismo serio, profesional que no sea de demolición salvaje contra un gobierno democrático. Estaría impedido de cambiar, según parece, porque a Fontevecchia se le ocurrió –este es mi prejuicio– en el desayuno de la mañana, mientras le untaba margarina a la tostada, que así debía ser. Y quizá se le ocurrió porque su manera de mirar el mundo responde al siglo XX. Fontevecchia es un posmo-editor, lo suficientemente cínico como para confundir el supuesto fin de la Historia con el fin de las pasiones humanas. Incluso, y sobre todo, en el terreno de la política y el periodismo. Según él, para hacer periodismo habría que ser un frío y meduloso “antikirchnerista”, aunque si no es frío y no es meduloso sirve igual. Una tontería grave, doblemente torpe, proviniendo de alguien que presume, domingo tras domingo, desde la contratapa de su diario –que no es un diario, es un bisemanario, suerte de revista en papel–, de lo inteligente que es gracias a Wikipedia.

“El relator del relato”, es el título de tapa de Noticias, que pudo verse en los kioscos desde el viernes 23 por la noche. La nota no agrega nada a lo que Clarín y La Nación utilizan para demonizar a Víctor Hugo. Bella prosa, no siempre rigurosa, para propósitos fuleros. Bien de Editorial Perfil.

Quería, con estas líneas, confesarle a Víctor Hugo Morales que no quise sumarme a esa comparsa. Pero que si hubiera escrito en su favor no me hubieran alcanzado los 1800 caracteres de una columna de Noticias ni todas las páginas de Tiempo Argentino. Generoso y preciso, siempre dispuesto con nosotros, los periodistas de este diario le debemos mucho. Y eso que vemos en él, no lo vemos nosotros, solamente. Una encuesta de Aresco Instant Research, de marzo de 2012, revela que la imagen “positiva” de Víctor Hugo como periodista es del 63,81%, contra una “negativa” del 20,72% y una “difusa” del 14,05 por ciento. Y los que lo consideran “muy o bastante creíble” son el 63,41% de los consultados contra el 32,76% de los que opinan que es “poco o nada creíble” y el 3,83% que “no sabe”. Esa misma encuesta, refleja que el 38,8%de los hombres y el 42% de las mujeres consideran que Víctor Hugo tiene “una postura más favorable que crítica hacia el Gobierno Nacional”, mientras que el 35,8% de los hombres y el 25,3% de las mujeres respaldan la idea de que señala “de igual manera lo que el Gobierno Nacional hace bien como lo que hace mal”.

Entre Fontevecchia y Víctor Hugo no tengo mucha elección. Conozco a los dos y respeto sólo a uno. Precisamente, al que no acaba de cerrar el diario Libre (en sus dos versiones, la vergonzosa y amarillista del comienzo y la deportiva, del final) dejando en la calle a decenas de periodistas, otra vez.

El miércoles 28, a las 13 horas, el sindicato de periodistas UTPBA se movilizará a las puertas de Editorial Perfil, Chacabuco 271, para repudiar al despedidor serial del gremio hace décadas.

Es en el marco de la discusión paritaria, donde Clarín, La Nación y Perfil, los mismos medios que impiden la aplicación íntegra de la Ley de Medios, se niegan a recomponer el salario de los periodistas y trabajadores de prensa, desde hace diez meses. Medios concentrados contra trabajadores, en definitiva.

Esos mismos son los que critican a Víctor Hugo Morales.

No nos queda otra, entonces, que elogiarlo.

Pero lo hacemos con ganas. Porque se lo merece.

los puntos clave de la investigación

Caso Ciccone: verdades y mentiras en la causa que agitan Clarín y La Nación

Los documentos aportados al expediente, los dichos de Laura Muñoz y el aprovechamiento que busca hacer la prensa hegemónica. ¿Hacia dónde apuntan los allanamientos ordenados por el juez Rafecas y el fiscal Rívolo?

Por:
Carlos Romero

Desde febrero pasado, el llamado “Caso Ciccone” está substanciado en un expediente judicial bajo el número 1302/12, donde se investiga si existieron “negociaciones incompatibles con la función pública” por parte del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, durante el levantamiento de la quiebra y la posterior venta de la ex Ciccone Calcográfica, hoy Compañía de Valores Sudamericana SA (CVS). El juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo están a cargo de esta causa, gatillada tras la denuncia radial hecha por Laura Muñoz Tokatlian, ex pareja del contador Alejandro Paul Vanderbroele, con quien vive un tormentoso proceso de separación. En resumen, Muñoz había dicho que Vanderbroele era “testaferro” de Boudou.

Igual de cierto es que este caso constituye, desde su origen mismo, un nuevo capítulo en esa cruzada que lleva adelante la prensa refractaria al gobierno nacional, donde además se mezclan los intereses comerciales de los propios multimedios, a partir de la relación que Clarín y La Nación mantienen con el Grupo Boldt, también involucrado en la maniobra. De hecho, en los últimos días ambos diarios decidieron endurecer su postura y, en una estrategia editorial coordinada, dejaron de hablar del “Caso Ciccone” para rebautizarlo, lisa y llanamente, como el “Caso Boudou”, tal cual se pudo ver en sus portadas.

En este escenario complejo, separar la paja del trigo, contrastar los dichos periodísticos con las declaraciones en sede judicial, las pruebas aportadas con las versiones y trascendidos, resulta clave para al esclarecimiento de los hechos. A continuación, en blanco sobre negro, lo que se sabe de la causa.

1 – LOS DICHOS DE LAURA MUÑOZ.La acusación que terminó abriendo un expediente fue hecha el 6 de febrero pasado por Laura Muñoz en el programa Lanata sin filtro de Radio Mitre, donde, entre otras cuestiones, sostuvo que su esposo era “testaferro” de Boudou. Muñoz hablaba a partir de la difícil situación afectiva que venía manteniendo con Vanderbroele, en medio de un proceso de divorcio fallido. Desde el primer momento, aclaró que sus dichos respondían a una situación matrimonial extrema, temiendo por su seguridad y la de sus hijos. “Quiero decir que lo que más me interesa es vivir tranquila. Yo salí a hablar para protegerme y proteger a mis hijos, ese es mi único objetivo”, remarcó en su declaración testimonial del 24 de febrero pasado. Ya había denunciado amenazas y la irrupción de extraños en su hogar. Incluso, llegó a grabar las conversaciones telefónicas que mantenía con Vanderbroele. De todas formas, sus palabras tuvieron un inevitable aprovechamiento mediático. Ahora, Rafecas y Rívolo buscan determinar cuál es su validez a nivel judicial. Por otra parte, de las muchas pruebas que Muñoz dijo que iba presentar, entregó un CD con la grabación antes mencionada –una conversación confusa, difícil de seguir, con peleas de pareja y distorsionada por el ruido ambiente– y fotocopias de un cuaderno de trabajo de su marido, con anotaciones crípticas que por el momento sólo generaron una amplia variedad de interpretación periodísticas.

2 – LA VERSIÓN DEL “TESTAFERRO”.La versión disparada por Muñoz sobre el supuesto acuerdo comercial de Vanderbroele con Boudou es la base de una insistente cobertura mediática. Sin embargo, en sede judicial, la ex pareja del abogado matizó sus dichos. En principio, aclaró que el término “testaferro” le fue sugerido por la prensa, como indica su declaración: “Preguntada para que diga a qué se refirió cuando habló con los medios y dijo la palabra ‘testaferro’, respondió: ‘Yo siempre me refería a lo que dije acá, que Alejandro se encargaba de los negocios de Boudou, el periodista me preguntó usando esa palabra y yo le dije que si eso significaba que él se encargaba de llevar esos asuntos de Boudou, que sí, que era así.” Muñoz también dejó en claro el poco conocimiento que tenía sobre las cuestiones comerciales que se estaban ventilando en los diarios. “Yo me entero del caso Ciccone porque un día de septiembre de año pasado leí una nota en Los Andes que hablaba de este tema que involucraba a Boudou con un abogado belga”, explicó la denunciante. Más adelante, “preguntada para que diga qué conoce sobre el Caso Ciccone, respondió: ‘No, yo de eso no sé nada.’” Por último, “preguntada para que diga si tiene algún conocimiento sobre The Old Fund SA –otra de las firmas investigadas–, respondió: ‘No, lo único que puedo decir es que entre aquellos papeles que estaban en mi casa (…) había unas especies de actas o documentos membretados con ese nombre”.

3 – UNA AMISTAD SUPUESTA. A partir de los dichos de Muñoz, la cobertura mediática apuntaló la figura del “testaferro” en una supuesta larga amistad entre Vanderbroele y Boudou, remontada a una infancia compartida en Mar del Plata, de donde es oriundo el funcionario. “Boudou, la ex Ciccone y el viejo amigo de juventud”, tituló Clarín el 18 de febrero. Sin embargo, en la solicitada que publicó el 5 de marzo, Vanderbroele lo negó de plano: “No soy ni viví en Mar del Palta. No fui, ni soy amigo ni conocido del Sr. Vicepresidente de la Nación.” Hasta el momento, quienes sostienen la hipótesis de una amistad de larga data no aportaron algún material o testimonio inapelable. También se involucró al empresario José María Núñez Carmona, que efectivamente tiene una amistad con el vice y para el que Vanderbroele realizó trabajos. En su solicitada, el abogado dijo que la relación con Núñez Carmona fue “estrictamente profesional”. Clarín, de todas formas, sostuvo que Vanderbroele “admitió que tiene una relación profesional y de amistad” con aquel empresario. Laura Muñoz también había asegurado que Guadalupe Escaray, prima de su ex esposo, fue novia de la infancia de Boudou. Vanderbroele respondió que tal noviazgo no existió y que, en cambio, Escaray sí fue pareja de Núñez Carmona. Por último, la revista Noticias publicó que en junio de 2010 Boudou alquiló su departamento de Puerto Madero a un conocido de Vanderbroele, Fabián Carosso Donatiello. El abogado sostuvo que fue por sugerencia de Núñez Carmona, con quien entonces trabajaba, y que sólo existió “una relación contractual”.

4 –LA QUIEBRA: ¿BOUDOU PIDIó QUE LA LEVANTARAN? En principio, Clarín y La Nación sostuvieron que Boudou fue determinante en el ingreso de Vanderbroele a la ex Ciccone, al solicitar el levantamiento de su quiebra, a finales de 2010. Técnicamente hablando, el entonces ministro de Economía no solicitó nada. Su participación, que sí existió, llegó como respuesta a un pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que solicitó conocer el parecer de Economía respecto del pedido hecho por Ciccone. El 14 de octubre de 2010, esa firma, a la que el 24 de septiembre de ese año el Juzgado Comercial Nº 8 le había decretado el levantamiento de su quiebra, se dirigió a Ricardo Echegaray para solicitarle “una quita de interés y multa, y plan de facilidades de pago sobre la deuda pendiente de pago. El 25 de octubre de 2010, el ente recaudador envío una nota a la cartera de Economía consultando por “el temperamento que considera menester aplicar a la cuestión”, destacando que estaba en juego la continuidad de Ciccone, con el riesgo de “dejar en la calle a unos 300 empleados y desarticulando una empresa que aparece como de interés público”.

5 - LA QUIEBRA: ¿BOUDOU RESPONDIÓ PIDIENDO SU LEVANTAMIENTO? El escrito enviado por la AFIP fue recibido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Economía, a cargo de José Guillermo Capdevilla. “Es opinión de esta asesoría que no corresponde a este Ministerio dar instrucción a la AFIP sobre el curso de acción que debe adoptar con relación al pedido efectuado por Ciccone Calcográfica SA, por tratarse de una competencia propia de ese organismo respecto de la cual la legislación vigente no prevé la intervención o la necesidad de autorización o convalidación por parte de este Ministerio”, respondió Capdevilla. También remarcó que la AFIP es una entidad autárquica y que “no existe una relación jerárquica” con Economía. Por último, recordando que el artículo Nº 127 de la Ley 11.672 estableció en 2005 que los organismos con autarquía, como la AFIP, ajustan su actividad “en el marco general de la política económica que determine el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía”, Capdevilla consideró que “más allá de que no corresponda a este Ministerio determinar el curso de acción concreto que debe adoptar la AFIP en la forma solicitada, en caso de considerarlo pertinente siempre podrá hacérsele saber al organismo consultante la política general propiciada por esta cartera”. En efecto, esa es la respuesta que, con fecha del 8 de noviembre de 2010, Boudou transmite a Echegaray, donde sostuvo que “considera que el ejercicio de las competencias propias de ese Organismo en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada, (…) responde a los lineamientos políticos generales de este gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica”. Con estos y otros documentos sobre la mesa, Rívolo y Rafecas deberán establecer si la injerencia de Boudou constituyó un “tráfico de influencias”.

6 – LA ACTUACIÓN DE LA AFIP. El pedido de Ciccone a la AFIP fue por una quita en los intereses, multas y honorarios de una deuda impositiva, pero no sobre el capital. La justicia comercial le había decretado la quiebra el 15 de julio de 2010 y la solicitud de la empresa para que fuera levantada el juez Javier Cosentino la aceptó el 24 de septiembre de ese año. Luego del pedido de Ciccone y del proceso descripto en los puntos anteriores, el 29 de diciembre de 2010 la AFIP envío a la empresa una nota en la que dispuso que, “tratándose de una deuda concursal, su pedido deberá ajustarse en los parámetros establecidos en las resoluciones generales Nº 970/2001 (AFIP) y 1705/2004 (AFIP) para lo cual deberá realizar una nueva petición la que será evaluada por esta Administración Federal”. Un día después, el abogado Diego Martín Borda, en representación del Estado nacional, comunicó al Juzgado Comercial Nº 8 el “rechazo de la presentación efectuada por Ciccone”. El 14 de noviembre de 2011, la empresa cumplimentó los nuevos requerimientos, el 25 de noviembre fue aceptado por Echegaray y el 23 de diciembre Borda se lo informó al Juzgado. En resumen, desde que Ciccone presentó su solicitud hasta que finalmente fue aceptada, transcurrió un año.

7 – EL ORIGEN DE LOS FONDOS. Con el correr de los días, las medidas solicitadas por el fiscal y ejecutadas por el juez Rafecas demuestran un claro interés por el origen de los fondos que las empresas dirigidas por Vanderbroele emplearon para levantar la quiebra, donde va surgiendo una compleja trama societaria. El contador dio sus explicaciones en un extenso escrito presentado el 12 de marzo pasado, pero el fiscal busca más precisiones, por lo que se vienen allanando distintas sedes comerciales. El foco está puesto en The Old Fund SA, empresa adquirida por Vanderbroele a finales de 2009, que también se alzó con su controlante, Tierras International Investment CV, y que luego fueron a su vez controladas por Guillermo Reinwick, esposo de Lorena Ciccone y poseedor del 70% de Compañía de Valores Sudamericana.

La primera intervención de The Old Fund, con Vanderbroele como director, fue el 3 de septiembre de 2010, cuando aportó un depósito de $ 567 mil para el levantamiento de la quiebra. Según Vanderbroele, esa plata no era de él, como sostienen Clarín y La Nación, sino de Reinwick. El 8 de septiembre hubo otra presentación, acompañado por una transferencia bancaria de $ 1,8 millones, emitida por la firma London Supply SA, por orden y cuenta de The Old Fund. El 7 de octubre de 2010, el juez interviniente solicitó a la empresa, para el efectivo levantamiento de la quiebra, la suma de $ 3.786.753. El 14 de octubre, CVS pagó esa suma con un depósito de $ 1.986.753 de The Old Fund que, sumado al $ 1,8 millones ya entregado, completaba lo requerido. En su descargo, Vanderbroele dijo que los montos aportados por London Supply “fueron puestos a disposición de la concursa para su libre disposición en cumplimiento de obligaciones que en tal sentido habían sido contraídas entre las partes”. El 19 de octubre, el juez aceptó los fondos y el 22 CVS anunció que Vanderbroele era su nuevo presidente. Por último, en octubre de 2010, The Old Fund se asoció con Dusbel SA, una sociedad de origen uruguayo, que terminó por adquirir el 50% de su paquete accionario, con un aporte de casi $ 2,5 millones. Vanderbroele siguió siendo el presidente del directorio.

En este tejido de sociedades y en su relación con la imprenta es donde el fiscal Rívolo y el juez Rafecas vienen haciendo foco, y no tanto sobre la hipótesis del “tráfico de influencias” y la injerencia del vicepresidente. Clarín y La Nación, de todos modos, van en sentido contrario: pasaron del “Caso Ciccone” al “Caso Boudou”. <

Informe: Gustavo Montiel.

El rol del Grupo Boldt y la acusación del vicepresidente

Luego de conocidas las versiones difundidas por Laura Muñoz y su cobertura estratégica por parte de los grupos Clarín y La Nación, el vicepresidente Amado Boudou salió a responder que las denuncias eran parte de una operación propiciada por el Grupo Boldt, de la familia Tabanelli.

“Desde el punto de vista político”, el ex ministro de Economía señaló “al duhaldismo y al posduhaldismo residual”. Y en lo económico, apuntó a Boldt. “Muchos se preguntarán: ¿Qué es esta empresa? Es de la familia Tabanelli, cuyo principal operador político es el señor Guillermo Gabella”, sostuvo Boudou.

Durante la quiebra de Ciccone, Boldt había obtenido la venia del juez Javier Cosentino para arrendar los inmuebles de la imprenta, a lo que esta última trató de oponerse. Una vez levantada la quiebra, tuvo el respaldo de una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Ciccone sostenía que Boldt podía consolidar “un cuasi monopolio”.

En el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también respaldó los dichos de Boudou. “El juez de la quiebra, sin un consentimiento nuestro, pero sí del síndico, le dio el equipamiento a Boldt”, aseguró Echegaray, y agregó que como contribuyente Boldt “tenía una situación sumamente difícil y había sido denunciada por evasión”.

Por último, Tiempo Argentino reveló que el contador Matías María Brea, director del casino Trilenium, del Grupo Boldt, fue auditor en Papel Prensa, en representación de los accionistas privados Clarín y La Nación.

La clave

ALLANAMIENTO

En los últimos días, el juez Daniel Rafecas, por pedido del fiscal Carlos Rívolo, ordenó realizar allanamientos en distintas sedes comerciales de la ex Ciccone Calcográfica y también de The Old Fund SA, dos empresas presididas por Alejandro Vanderbroele