En la Argentina, hay más de 700 mil civiles armados legalmente
En total, según el RENAR, esas personas tienen 1.141.000 armas. Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre las pistolas o revólveres que los ciudadanos tienen sin permiso de tenencia. Los especialistas aconsejan no tener armas en casa.
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Por:
Tiempo Argentino
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La decisión que tomó el conductor radial Ángel “Baby” Etchecopar –que se enfrentó a tiros con los tres ladrones que el lunes entraron a su casa de San Isidro, matando a uno de ellos de ocho disparos e hiriendo a otro– encendió la alarma sobre la cantidad de ciudadanos que en los últimos tiempos decidieron armarse para proteger sus bienes.Según fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación, son 718.241 los civiles que figuran en el Registro Nacional de Armas (RENAR) como usuarios legítimos. Estas personas tienen en su poder 1.141.000 armas. Es decir, el número de personas autorizadas por el Estado a tener armas de fuego es menor a la cantidad de pistolas, revólveres y escopetas legales en circulación. Esto se debe a que cada legítimo usuario puede tener más de un arma en su poder.
Sin embargo, no hay estimaciones oficiales –ni extraoficiales– sobre las armas que los ciudadanos manejan sin permisos de tenencia o portación.
En este punto es importante aclarar que no todos aquellos que poseen permisos de tenencia de armas, tienen también licencias de portación. La diferencia es que la tenencia de un arma es como el título de una propiedad y siempre que se traslade debe estar descargada. El arma puede utilizarse en ciertos lugares como polígonos o zonas de caza.
La portación, en cambio, es la posibilidad de tener el arma pegada al cuerpo, como tiene, por ejemplo, la policía. En la Argentina, la portación no está prohibida pero es restrictiva: una persona puede solicitar el permiso pero deberá acreditar, entre muchas cosas, que su vida está en riesgo.
Sin embargo, pese a la demanda de armas por parte de la población civil, son pocos los especialistas que aconsejan tener una pistola o revólver en casa para prevenir posibles robos.
“Los riesgos son mayores para el dueño de casa que para los ladrones, más acostumbrados a manipular un arma en situaciones de extrema tensión”, coincidieron los expertos consultados por Tiempo Argentino.
Salvador Baratta, concejal de Lanús y ex jefe de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, opinó que “no es aconsejable tener un arma de fuego en la casa pero ante la carencia de respuestas del Estado es lógico que los ciudadanos decidan armarse”, y aclaró que tener una pistola, “no es sinónimo de que la resistencia al intento de robo vaya a salir a bien”.
“Un arma en casa –añadió el ex comisario– significa tener un compromiso de manejo. Pero si no tiene respuestas, el vecino hace lo que puede y es lógico que busque una solución de este tipo. Como profesional aconsejo que no tengan armas en sus viviendas porque potencian el riesgo de que alguien salga herido.”
Sobre las consecuencias que acarrea la decisión de armarse y matar a un ladrón en la propia vivienda, Baratta respondió que “el ciudadano que resiste un robo a los tiros no queda bien psicológicamente después de matar a alguien. Aparte del trauma propio de la experiencia, se potencia el miedo de una posible ‘revancha’ y la mayoría después decide mudarse. Entran en psicosis porque se sienten más vulnerables que antes”, concluyó.
En este sentido, la Red Argentina para el Desarme explica que “los daños, las heridas y los traumas provocados por la violencia armada generan altos costos sociales y emocionales”. En el sitio web del organismo, las autoridades aclaran que el 75% de las muertes causadas por armas de fuego no están vinculadas con los asesinatos ocurridos en ocasión de robo sino que se debe a “la mala utilización de esos artefactos”.
En diálogo con Tiempo, el juez de Garantías de La Plata César Melazzo confesó que siempre estuvo armado porque considera que si el arma se utiliza correctamente, puede servir para disuadir a los delincuentes. “Sabemos –explicó– que las respuestas de prevención a la delincuencia no son positivas. De tener un arma en la casa, hay que estar dispuesto a usarla bien. Si sacás una pistola, es para tirar.”
“Uno no es vigilante para esperar asaltantes y matarlos. Nadie está preparado para asesinar a otra persona. Por más delincuente que sea, matar a un ser humano no es lo deseado. Después las consecuencias se pagan caro. A mí me gatillaron dos veces en la cabeza y los tiros no salieron. Vi la muerte y disparé tres tiros. Si lo mataba, no me iba a sentir mejor. Matar te cambia la vida para peor”, concluyó el juez.
Por su parte, Paola Spatola, secretaria ejecutiva del Consejo Federal Penitenciario y presidenta de la Asociación Civil Convergencia Ciudadana, consideró que “armarse para preservar nuestra vida o la de los miembros de nuestra familia, no es la respuesta adecuada cuando de inseguridad se trata. Pensar que este es el recurso para repeler el delito no es lo correcto”.
“Está probado que tener un arma en la casa, en el taller o en el vehículo, es sumar un problema adicional. Se habilita así la posibilidad de tener un accidente que involucre a nuestro hijos o que un delincuente, al encontrarla, la use en nuestra contra”, dijo Spatola, quien trabaja desde hace muchos años por el desarme de la sociedad civil.
Finalmente, la abogada penalista Florencia Arietto, presidenta de la ONG Arde la Ciudad, explicó que hay que desalentar el uso de armas para defenderse de un delito, “no porque seamos inconscientes pacifistas que suponemos que quienes irrumpen violentamente en nuestras viviendas respetarán nuestras vidas, sino porque, a diferencia de ellos, tenemos mucho que perder”.
“Usar un arma –explicó Arietto–en esas situaciones es sólo potenciar la violencia. La víctima, con la pretensión de evitar un mal a su familia, termina poniéndola en peligro de muerte. Hay un dicho popular que dice que las armas las carga el diablo y las descargan los boludos. Así que, por favor, no seamos boludos.” <
Requisitos para ser legítimo usuario
Acreditar identidad, domicilio real y ser mayor de 21 años.
Establecer el domicilio de guarda de las armas.
Presentar un certificado de salud psicofísico apto extendido por un profesional matriculado.
Presentar un certificado de antecedentes judiciales otorgado por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal.
Entregar una copia del DNI, una foto 4 x 4 de frente y un juego de huellas dactiloscópicas.
Justificar ingresos y medios de vida lícitos.
Acreditar idoneidad en el manejo de armas de fuego mediante la certificación suscripta por un instructor de tiro habilitado e intervenido por la Entidad de Tiro donde se realizó el examen.
Opinión
“La ley del más fuerte se combate con legalidad y con instituciones saludables”
Para Juan Manuel Casolatti, secretario de Ejecución Penal del Departamento Judicial de San Martín, “el debate social que se generó en torno al hecho protagonizado por “Baby” Etchecopar demostró el descalabro institucional de consideraciones importantes que se vive en la provincia de Buenos Aires. Durante los días posteriores, se ha llegado a esgrimir la necesidad –casi un derecho para algunos– de portar armas para defender la vida y los bienes propios frente a las ‘hordas de asesinos’ que jaquean nuestra vida. Pero resulta que el Estado es una creación social que cumple un rol imprescindible, básicamente porque permite que la acuñada frase del ‘ojo por ojo y diente por diente’ no se convierta en la norma social que rija las relaciones humanas. Ocurre que si no cedemos el monopolio de la seguridad y la justicia al Estado, la guerra de todos contra todos dejaría de ser un eufemismo para convertirse en realidad.
El monopolio de la ley por parte del Estado busca el equilibrio entre derechos y deberes de unos y otros, esperanzados en el progreso y la paz social colectiva. La ley del más fuerte, no se combate con la ley del más fuerte; se combate con legalidad y con instituciones saludables que prevengan los delitos, asistan a las víctimas e impartan justicia en tiempo y forma.”
“Si la ética no basta, no expongamos públicamente, cuanto menos por pudor, a las sufrientes víctimas de los delitos, que, vale aclarar, no son expertos ni formados en la materia, sólo son ciudadanos que deben ser asistidos y acompañados por el Estado. El fuego no se apaga con fuego. El debate sesgado del tema y la mirada hemipléjica de la cuestión, nos acerca más a la edad media que al futuro”, añadió el funcionario
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