JUDICIALES
Bolsafé: ¿Cuál fue el destino final de los bonos transferidos?
La justicia sigue la ruta de las transacciones realizadas. La intención es identificar los títulos o bonos e inmovilizarlos a favor de las víctimas drefaudadas. La triangulación de la firma BV Emprendimientos y el Banco Galicia. Nuevos allanamientos.
05.02.2013 | 10:27 hs. · Autor: Héctor M. Galiano (hgaliano@notife.com) · Fuente: Notife
La justicia santafesina busca identificar la ruta de las transacciones bursátiles de bonos y títulos que el ex titular de la Sociedad de Bolsa “Bolsafé Valores”, Mario Rossini, realizó en tándem con la firma BV Emprendimientos y el Banco de Galicia y Buenos Aires.
Rossini fue detenido el 12 de diciembre pasado en su oficina del sur santafesino y desde entonces continúa privado de la libertad, pese a su delicado estado de salud, que lo alejó de una cárcel común, pero lo dejó en un lugar no menos sombrío: la sala penitenciaria del Hospital José María Cullen. El 28 de diciembre el juez Nicolás Falkenberg le dictó el procesamiento por el delito de administración fraudulenta en 62 casos. (Ver nota relacionada).
Bolsafé Valores, a través de Rossini, transfirió los fondos de más de 60 ahorristas (sin autorización de los titulares) a la firma B.V Emprendimientos por intermedio de un banco nacional, todo ello a contramano del código de protección al inversor del Mercado de Valores del Litoral. Para Falkenberg, está probado que Rossini pergeñó una maniobra fraudulenta, mediante la cual, de manera sistemática y organizada, procedió a desapoderar de títulos valores que los inversores le confiaron, mediante sucesivas transferencias de los títulos a la cuenta número 552 del Banco de Galicia, a nombre de la empresa B.V Emprendimientos, cuyo presidente era también Mario Rossini.
Ahora la preocupación central de los investigadores esta centrada en lograr detectar el destino de los bonos que fueron transferidos sin la debida autorización. El Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, instó al fiscal de la causa, Carlos Rolando a llevar adelante una batería de medidas urgentes, que revisó y refrendó antes la Fiscal de Cámara Liliana Lauxmann. Entre ellas, la identificación urgente de las transferencias receptoras que se señalan en el reporte de la Caja de valores S.A e identificar quienes fueron los beneficiarios de las “transferencias emisoras. La justicia también pretende que el Banco de Galicia informe las modalidades bajo las cuales habría operado (por ejemplo, pago en efectivo de los títulos adquiridos), las cuentas bancarias empleadas para hacerlo.
Una vez identificados los títulos bloqueados de B.V Emprendimientos S.A, se ordenará su depósito a nombre del juzgado de instrucción actuante y se solicitará proceder del mismo modo con respecto al resto de los títulos según el informe a recibir de Caja de Valores conforme la diligencia del numeral anterior.
Una medida que se evaluaba en el Ministerio Público era la de solicitar una auditoría independiente a través de una pericia informática que realizaría – posiblemente- Gendarmería o el Ceride, para detectar las transacciones y toda la mensajería electrónica entre las empresas, indicando la responsabilidad de los que instalaron los sistemas aplicativos en las empresas, tanto el personal interno como los eventuales proveedores y, por supuesto, quiénes tenían acceso a los mismos. También, ésa pericia debería determinar si se realizaron transacciones fuera de las empresas, con servidores dentro o fuera del país.
Durante la segunda quincena de la feria judicial, el expediente estuvo bajo el mando del juez de instrucción Darío Sánchez que ordenó la batería de medidas antes descriptas. Las diligencias incluyeron varios allanamientos (sin resultados de importancia) , en domicilios particulares de directores y empleados de la firma, y en la casa de la madre y la quinta del contador Mario Rossini, que ya lleva casi dos meses privado de la libertad.
Rossini fue detenido el 12 de diciembre pasado en su oficina del sur santafesino y desde entonces continúa privado de la libertad, pese a su delicado estado de salud, que lo alejó de una cárcel común, pero lo dejó en un lugar no menos sombrío: la sala penitenciaria del Hospital José María Cullen. El 28 de diciembre el juez Nicolás Falkenberg le dictó el procesamiento por el delito de administración fraudulenta en 62 casos. (Ver nota relacionada).
Bolsafé Valores, a través de Rossini, transfirió los fondos de más de 60 ahorristas (sin autorización de los titulares) a la firma B.V Emprendimientos por intermedio de un banco nacional, todo ello a contramano del código de protección al inversor del Mercado de Valores del Litoral. Para Falkenberg, está probado que Rossini pergeñó una maniobra fraudulenta, mediante la cual, de manera sistemática y organizada, procedió a desapoderar de títulos valores que los inversores le confiaron, mediante sucesivas transferencias de los títulos a la cuenta número 552 del Banco de Galicia, a nombre de la empresa B.V Emprendimientos, cuyo presidente era también Mario Rossini.
Ahora la preocupación central de los investigadores esta centrada en lograr detectar el destino de los bonos que fueron transferidos sin la debida autorización. El Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, instó al fiscal de la causa, Carlos Rolando a llevar adelante una batería de medidas urgentes, que revisó y refrendó antes la Fiscal de Cámara Liliana Lauxmann. Entre ellas, la identificación urgente de las transferencias receptoras que se señalan en el reporte de la Caja de valores S.A e identificar quienes fueron los beneficiarios de las “transferencias emisoras. La justicia también pretende que el Banco de Galicia informe las modalidades bajo las cuales habría operado (por ejemplo, pago en efectivo de los títulos adquiridos), las cuentas bancarias empleadas para hacerlo.
Una vez identificados los títulos bloqueados de B.V Emprendimientos S.A, se ordenará su depósito a nombre del juzgado de instrucción actuante y se solicitará proceder del mismo modo con respecto al resto de los títulos según el informe a recibir de Caja de Valores conforme la diligencia del numeral anterior.
Una medida que se evaluaba en el Ministerio Público era la de solicitar una auditoría independiente a través de una pericia informática que realizaría – posiblemente- Gendarmería o el Ceride, para detectar las transacciones y toda la mensajería electrónica entre las empresas, indicando la responsabilidad de los que instalaron los sistemas aplicativos en las empresas, tanto el personal interno como los eventuales proveedores y, por supuesto, quiénes tenían acceso a los mismos. También, ésa pericia debería determinar si se realizaron transacciones fuera de las empresas, con servidores dentro o fuera del país.
Durante la segunda quincena de la feria judicial, el expediente estuvo bajo el mando del juez de instrucción Darío Sánchez que ordenó la batería de medidas antes descriptas. Las diligencias incluyeron varios allanamientos (sin resultados de importancia) , en domicilios particulares de directores y empleados de la firma, y en la casa de la madre y la quinta del contador Mario Rossini, que ya lleva casi dos meses privado de la libertad.
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