El posible desembarco en
la Cámara
Federal de Paraná de la esposa de “Cachi” Martínez y nuera del
ex agente de inteligencia Oscar Martínez Lo
primero es la familia
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná tendrá que sumar dos vocales
próximamente. Los mayores puntajes de los concursos fueron logrados por Daniel
Alonso –que proviene de Formosa, aunque es entrerriano– y Cintia Gómez de
Martínez, actual fiscal federal de Santa Fe, desde mediados de la década de
1990, donde llegó de la mano de hombres de Carlos Menem. Su posible
incorporación ya generó cierto malestar en ámbitos judiciales paranaenses,
aunque nadie lo dice públicamente. Sucede que es esposa de Oscar Cachi
Martínez, cuestionado por su pasado menemista y actualmente cercano al
kirchnerismo. Su suegro, Oscar Roque Martínez, integró el Departamento
Informaciones de la
Policía de Santa Fe en la década de 1970 –lo que se denominaba
el cuestionado “D-2”, que sirvió de base para que 18 militantes
fueran asesinados, previo al golpe de Estado– y hay quienes sostienen que hasta
1980 fue agente civil de inteligencia, dependiente del Ejército Argentino. No
obstante, su nuera nunca lo citó a declarar ante las denuncias que se hicieron,
ni se excusó para que otros lo investiguen.
Daniel Enz
La Cámara
Federal de Apelaciones de Paraná
tendrá que sumar dos vocales próximamente. Los mayores puntajes de los concursos
fueron logrados por Daniel Alonso –que proviene de Formosa, aunque es
entrerriano– y Cintia Gómez de Martínez, actual fiscal federal de Santa Fe,
desde mediados de la década de 1990, donde llegó de la mano de hombres de Carlos
Menem. Su posible incorporación ya generó cierto malestar en ámbitos judiciales
paranaenses, aunque nadie lo dice públicamente. Sucede que es esposa de Oscar
Cachi Martínez, cuestionado por su pasado menemista y actualmente cercano
al kirchnerismo. Su suegro, Oscar Roque Martínez, integró el Departamento
Informaciones de la
Policía de Santa Fe en la década de 1970 –lo que se denominaba
el cuestionado “D-2”, que sirvió de base para que 18 militantes
fueran asesinados, previo al golpe de Estado– y hay quienes sostienen que hasta
1980 fue agente civil de inteligencia, dependiente del Ejército Argentino. No
obstante, su nuera nunca lo citó a declarar ante las denuncias que se hicieron,
ni se excusó para que otros lo investiguen.
La
historia de la abogada Cintia Gómez está estrechamente ligada al peronismo
santafesino, aunque quizás nunca lo reconozca. De hecho, se transformó en fiscal
federal siendo muy joven –a mediados de la década de 1990, con escasos años de
actividad profesional–, de la mano de los movimientos acomodaticios que lograron
ciertos hombres del menemismo en el seno del Poder Judicial de la Nación. No fue casual
sino una tarea premeditada para lograr ciertos beneficios o privilegios con el
correr del tiempo, ya que calculaban que, en algún momento, se iba a terminar la
fiesta menemista y debían contar con cierta cobertura
judicial.
El entonces senador nacional Augusto
Alasino (PJ-Entre Ríos) hizo lo suyo en algunos ámbitos, en especial en
Concepción del Uruguay, donde propició el nombramiento de la hija de un
militante de su confianza. Así llegó a fiscal federal María de los Milagros
Squivo, la misma que, años después de su desembarco, hizo archivar la causa por
enriquecimiento ilícito que pesaba sobre sus espaldas. Algo parecido consiguió
el ex senador nacional Jorge Massat (PJ-Santa Fe), fallecido el año pasado por
una enfermedad, que ubicó al asesor legal de su empresa de Villa Ocampo como
juez federal de Reconquista (cargo que ocupó hasta 2006 en que fue destituido
por diversas irregularidades) y propició otros nombres.
Uno de ellos fue el de Cintia Gómez, a quien seguramente
no conocía, pero no era un nombre más. Ya por esos días era la esposa de Oscar
Cachi Martínez, un estrecho colaborador menemista en tiempos de la
liquidación de Ferrocarriles Argentinos (donde fue uno de los cinco directores)
y, de hecho, un joven con proyección, que en 1994 se transformó en el diputado
provincial del Partido Justicialista más joven de la historia, con apenas 24
años. En ese mismo año asumió la flamante fiscal federal, en un acto del que
participó el entonces secretario general de la Presidencia de
la Nación,
Eduardo Bauzá, uno de los dirigentes de mayor confianza de Carlos Menem. Bauzá
fue un invitado de lujo del acto oficial, porque la joven Gómez, su sobrina,
comenzaba su carrera en la Justicia Federal.En la ceremonia
participaron varios allegados al menemismo y, además de su esposo, sobresalía la
figura de su suegro: Oscar Roque Martínez, ex diputado provincial del
justicialismo en la gestión que encabezó el ortodoxo José María Vernet. Su
elección fue de esos premios que la derecha peronista dio, en 1983, en varias
provincias a referentes vinculados con la violencia previa al golpe de Estado de
1976. Lo hizo en la capital entrerriana con Albaro Roldán, ex jefe de
la Policía de
Entre Ríos con Enrique Cresto e integrante del violento Comando Paraná, que
persiguiera a la militancia de izquierda del PJ e incluso tuviera participación
en el crimen del dirigente barrial Héctor Ramón Pichón Sánchez, en 1975.
Roldán terminó como concejal de Paraná, entre 1983 y 1987; Martínez, en Santa
Fe, fue elegido como diputado provincial, pese a sus antecedentes como
integrante del Departamento Informaciones de la Policía de la vecina
provincia, en la década de 1970. Fue miembro activo de lo que se denominaba el
cuestionado “D-2”, que tuvo un rol preponderante en el
asesinato y desaparición de 18 militantes –especialmente ligados a sectores de
la izquierda peronista–, en la ciudad de Santa Fe, previo al golpe de Estado.
Martínez tenía el legajo policial número 366242 en la D-2 y dependía de Nicolás
Correa, que era el enlace entre la fuerza de seguridad y el destacamento del
Ejército Argentino en Santa Fe. Los más conocedores de esa época recuerdan que
Correa fue clave para que Martínez pasara luego a ser PCI (Personal Civil de
Inteligencia), dependiente del Ejército Argentino, donde recibía órdenes de Juan
Orlando Rolón -jefe del Area 212- o del coronel Domingo Manuel Marcellini, quien
comandaba el destacamento.
“Siempre tuvo un
perfil muy bajo, pero era activo; por lo menos hasta 1980”, acotan. Incluso, hay
quienes habrían detectado su presencia en algunos de los traslados de Raquel
Negro –desde la terrorífica Quinta de Funes, donde fueran ejecutados varios
militantes– hacia el Hospital Militar de Paraná. La recordada mujer del Tucho
Valenzuela –uno de los cuadros salientes de Montoneros– fue varias veces
derivada al nosocomio paranaense, donde parió mellizos en
1978.
Pero por esas cosas del destino, Martínez
nunca fue citado a declarar en causa alguna, en relación a hechos por
violaciones a los derechos humanos en Santa Fe. Menos que menos en alguna que
pasara por la
Fiscalía a cargo de su nuera, Cintia Gómez. De hecho, a
principios de de febrero, Roberto José Martínez Door -un ex servicio, preso por
privación ilegal de la libertad y tormentos-, presentó un escrito ante la fiscal
Gómez, con graves acusaciones contra su suegro, pero la magistrada no le asignó
importancia, ni se excusó
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