Se suicidó en Miami otro represor prófugo
El subcomisario (re) de la Policía
Federal, Guillermo Devoto, se suicidó en su casa de la ciudad
estadounidense de Miami, donde estaba prófugo de la Justicia argentina, en el
marco de la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, en la que se lo imputaba
por la supuesta apropiación de un bebé nacido en cautiverio en 1979.
Devoto, que estaba radicado desde 1985 en esa ciudad, volvió a la Argentina en 2012 y fue citado por el juez federal Daniel Rafecas, quien le prohibió la salida del país, mientras aguardaba informes genéticos sobre la filiación de quien aparece como su hijo, Alejandro Carlos Devoto, quien también vive en Estados Unidos.
Según informaron fuentes judiciales, Interpol Internacional notificó al juez que Devoto se mató de un disparo en la cabeza.
El represor logró salir del país el 1 de julio pasado en un avión rumbo a Miami, tras presentar una autorización judicial falsa en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
De esta forma, se extingue la persecución penal en contra del represor pero la causa para establecer si quien fue inscripto como su hijo biológico es un bebé apropiado en la última dictadura civico-militar seguirá su curso.
El anterior represor en quitarse la vida fue el exmayor del Ejército Aldo Carlos Cecchi, de 67 años, que se mató de un pistoletazo en la cabeza antes de ser trasladado de Buenos Aires a Córdoba para el juicio del campo de concentración 'La Perla'.
Pero hubo otros exuniformados acusados de torturas y represión que se quitaron la vida.
El exsuboficial policial Miguel Angel Junco, 64 años, apodado 'Ratón', se arrojó a las vías del tren justo antes del paso de un convoy.
El prefecto Héctor Febres ingirió cianuro dentro de la celda, en 2007, sólo 48 horas antes de que lo condenaran por torturador en la Escuela de Mecánica de la Armada.
El teniente coronel Paulo Navone se disparó en la sien un día antes de declarar en el juzgado por el robo de mellizos en 1978 a una prisionera política, que dio a luz en cautiverio y sigue desaparecida.
También el capitán Alfredo Marcó fue encontrado muerto: se disparó un tiro en la sien con un revólver del calibre 38 en su casa de la ciudad de La Rioja. Era sospechoso de haber intervenido en el crimen del obispo riojano Enrique Angelelli, el 4 de agosto de 1976. El policía retirado Segundo Wenceslao Garro, que actuó en el Departamento de Informaciones D2 de la policía de San Luis y fue sindicado como torturador, se marchó de su casa, en 2009, hacia una zona rural y a un lado de la carretera colocó su pistolón de caza en el corazón y apretó el gatillo.
En 2000, el ex prefecto Juan Antonio Azic se descerrajó un tiro en el mentón, pero falló en el intento -quedó herido- y sobrevivió. Recientemente, fue condenado a cadena perpetua en el juicio "ESMA Dos" y es enjuiciado en "ESMA tres".
Hasta ahora 378 ex uniformados y civiles han sido condenados por delitos contra la Humanidad, mientras que otros 44 enjuiciados han sido absueltos, según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
La cifra de enjuiciados desde la recuperación de la democracia en 1983 asciende a 422 personas; el total de procesados, 1013; 619 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio oral, y otras 75 tienen pedido fiscal para esa etapa.
Para 2013 se prevén por lo menos 17 juicios orales -13 ya en curso y cuatro nuevos- en todo el país contra 260 ex uniformados y civiles acusados de diferentes crímenes perpetrados con más de 1.800 víctimas
Devoto, que estaba radicado desde 1985 en esa ciudad, volvió a la Argentina en 2012 y fue citado por el juez federal Daniel Rafecas, quien le prohibió la salida del país, mientras aguardaba informes genéticos sobre la filiación de quien aparece como su hijo, Alejandro Carlos Devoto, quien también vive en Estados Unidos.
Según informaron fuentes judiciales, Interpol Internacional notificó al juez que Devoto se mató de un disparo en la cabeza.
El represor logró salir del país el 1 de julio pasado en un avión rumbo a Miami, tras presentar una autorización judicial falsa en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
De esta forma, se extingue la persecución penal en contra del represor pero la causa para establecer si quien fue inscripto como su hijo biológico es un bebé apropiado en la última dictadura civico-militar seguirá su curso.
El anterior represor en quitarse la vida fue el exmayor del Ejército Aldo Carlos Cecchi, de 67 años, que se mató de un pistoletazo en la cabeza antes de ser trasladado de Buenos Aires a Córdoba para el juicio del campo de concentración 'La Perla'.
Pero hubo otros exuniformados acusados de torturas y represión que se quitaron la vida.
El exsuboficial policial Miguel Angel Junco, 64 años, apodado 'Ratón', se arrojó a las vías del tren justo antes del paso de un convoy.
El prefecto Héctor Febres ingirió cianuro dentro de la celda, en 2007, sólo 48 horas antes de que lo condenaran por torturador en la Escuela de Mecánica de la Armada.
El teniente coronel Paulo Navone se disparó en la sien un día antes de declarar en el juzgado por el robo de mellizos en 1978 a una prisionera política, que dio a luz en cautiverio y sigue desaparecida.
También el capitán Alfredo Marcó fue encontrado muerto: se disparó un tiro en la sien con un revólver del calibre 38 en su casa de la ciudad de La Rioja. Era sospechoso de haber intervenido en el crimen del obispo riojano Enrique Angelelli, el 4 de agosto de 1976. El policía retirado Segundo Wenceslao Garro, que actuó en el Departamento de Informaciones D2 de la policía de San Luis y fue sindicado como torturador, se marchó de su casa, en 2009, hacia una zona rural y a un lado de la carretera colocó su pistolón de caza en el corazón y apretó el gatillo.
En 2000, el ex prefecto Juan Antonio Azic se descerrajó un tiro en el mentón, pero falló en el intento -quedó herido- y sobrevivió. Recientemente, fue condenado a cadena perpetua en el juicio "ESMA Dos" y es enjuiciado en "ESMA tres".
Hasta ahora 378 ex uniformados y civiles han sido condenados por delitos contra la Humanidad, mientras que otros 44 enjuiciados han sido absueltos, según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
La cifra de enjuiciados desde la recuperación de la democracia en 1983 asciende a 422 personas; el total de procesados, 1013; 619 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio oral, y otras 75 tienen pedido fiscal para esa etapa.
Para 2013 se prevén por lo menos 17 juicios orales -13 ya en curso y cuatro nuevos- en todo el país contra 260 ex uniformados y civiles acusados de diferentes crímenes perpetrados con más de 1.800 víctimas
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