Cuando la “libertad de expresión” se vuelve la orquesta de la mentira
Publicado el 4 de Mayo de 2011
Respecto a la llegada a la Argentina de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), los medios dominantes confluyeron en una serie de notas y artículos para señalar todos los argumentos y herramientas discursivas con los cuales siguen intentando instalar una percepción en la opinión pública de “ataque a la libertad de prensa” por parte del gobierno.
La Nación, en la página 11, titula que “Llega la SIP para auditar la libertad de expresión” y anticipa que el organismo “se reunirá con funcionarios del Gobierno, ONG, jueces y legisladores”. El diario utiliza el término “auditar” como si se estuviera ante una auditoría contable, cuando la libertad de prensa y de expresión no pueden “medirse” en términos económicos. Al parecer, para La Nación sí puede incluirse en esos parámetros. El diario también menciona un contexto falaz: “Lo hará en un contexto de crecientes quejas contra el Gobierno por la manipulación de la publicidad oficial; el acoso a Papel Prensa y a los diarios; la estrategia para desarticular a los medios audiovisuales más críticos, y una política de fuertes inversiones públicas en la televisión digital.” Lo más notable es la instalación de la mentira del “acoso” a Papel Prensa. Al respecto, en una solicitada publicada en Tiempo Argentino y firmada por periodistas profesionales y trabajadores de medios escritos, radiales y televisivos, representantes de la cultura, docentes e investigadores en comunicación social de universidades de la Argentina, declara en su punto Nº 5 que “el manejo oligopólico arbitrario de la producción y reparto de papel para diarios, principal insumo de la prensa gráfica, hoy en manos de una mayoría privada constituida tras un traspaso accionario protagonizado por sujetos físicos investigados en la justicia por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, viola el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía constitucional en nuestro país, que señala: ‘No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones’.” ¿Tener el monopolio del papel, insumo básico para la prensa gráfica, como ocurre en el caso del dúo Clarín-La Nación en la Argentina, acaso no condiciona a los demás medios y por ende afecta el derecho a la libre expresión? Esa es la verdad oculta tras la mentira de La Nación al mencionar el “acoso” a Papel Prensa.
La Nación también desarrolla una serie de puntos que resumen las mentiras y falacias de los medios hegemónicos respecto a la libertad de expresión. Algunos de los puntos desarrollados son los “bloqueos a diarios”, donde señala que “en los últimos seis meses, las plantas de La Nación y Clarín sufrieron cinco medidas de fuerza. Y la edición dominical de Clarín del 27 de marzo no pudo ser distribuida…” Lo que La Nación omite y tergiversa es que esas medidas de fuerza se originaron en un conflicto gremial con los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense (AGR), perteneciente a su socio en Papel Prensa, el Grupo Clarín, originado en 2004 y donde se despidió a 119 empleados, donde además se coartó la libertad sindical (las elecciones de delegado en AGR en 2010, por ejemplo, se tuvieron que efectuar en un trailer estacionado en la vereda de la planta).
Otra mentira se refiere a la TV por cable. La Nación señala: “Los prestadores enfrentan varios problemas. La Autoridad Federal de Aplicación (Afsca) les ordenó adecuar la grilla mediante la resolución 296/10. Cablevisión y Direct TV no aceptan esta medida, que parece beneficiar a los canales oficialistas (por ejemplo, CN23, del Grupo Spolsky). Cablevisión ya recibió 80 multas. Además, Afsca obliga a los cables a subir la señal pública Paka Paka.” La Nación omite mencionar a Incaa TV y Telesur, además de Pakapaka y CN 23. Y Cablevisión sigue sin modificar el orden de sus señales de acuerdo a la Resolución 296, y discrimina y excluye de su grilla a Telesur, CN23, Pakapaka e Incaa TV. Otra mentira es la “comparación” de la Ley de Medios de la democracia 26.522, enfatizada como “semejante a la ley de Venezuela”. No hay ninguna norma vinculante entre ambas leyes. Otro recurso que pone en práctica La Nación es tomar fallos “sueltos” y destacarlos, ignorando aquellos que benefician a los usuarios, y sobre todo la cuestión esencial: el efectivo cumplimiento de la Ley de Medios de la democracia.
Clarín, en la página 22, señala que “Otra ONG de EE.UU. baja la nota del país por afectar la libertar de prensa”. Se refiere a Freedom House, una ONG fundada en 1941 y financiada por el gobierno de los Estados Unidos por medio de la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy-NED). Con el manto de “promoción de la democracia”, esta ONG intenta elaborar y comparar estándares de derechos políticos y libertades civiles en todos los países del mundo, bajo la sospecha de ser el brazo propagandístico del gobierno estadounidense. Para remarcar su importancia, Clarín señala que los informes de Freedom House “son consultados, por ejemplo, por el departamento de Estado de EE.UU…”
Por último, en editorial de la página 20, en el marco del Día de la Libertad de Prensa, La Nación destaca que “Hoy es preciso reflexionar sobre el valor del periodismo independiente en la Argentina, y los peligros a que lo somete el Gobierno”.
Seguramente, La Nación y Clarín no tienen en cuenta que en 2009 se derogó en la Argentina el delito de calumnias e injurias, básico para desarrollar un periodismo libre. O que los monopolios informativos como el Grupo Clarín y su socio La Nación amenazan la libertad de opinión y la libre difusión de ideas. Podrían decir mucho más, pero quizás ellos no pueden contarle a la SIP cómo es la “libertad de expresión” más allá de sus intereses económicos. <
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