viernes, 23 de diciembre de 2011

Después de un año de audiencias públicas

Es ley el proyecto que democratiza y amplía el acceso al papel de diario

Publicado el 23 de Diciembre de 2011

La norma declara de interés público la fabricación, distribución y circulación del insumo. Con 41 votos contra 26, el FPV logró aprobar la iniciativa y defendió la búsqueda de “equidad”. La oposición denunció un intento de “control”.
Después de un año y ocho meses de espera, fruto de la negativa de la oposición a debatirla, la declaración de interés público de la producción, distribución y venta de la pasta de celulosa para papel de diario se convirtió finalmente en ley. Como un reflejo de la modificación en la representación parlamentaria en el Senado que derivó de la elección de octubre, fueron 41 los votos que cosechó el Frente para la Victoria contra los 26 que reunieron los opositores que proponían un dictamen alternativo. Para Miguel Pichetto, el jefe del bloque kirchnerista, esta sanción es el reflejo de la decisión y el coraje del gobierno con la que se busca “una mayor democracia, participación, equidad y accesibilidad para que todos los medios gráficos puedan publicar sus ideas”.
El resultado final de la votación estaba asegurado y se notaba en la tranquilidad de los rostros oficialistas. La nueva integración legislativa le dio al FPV y sus aliados la suma de 37 escaños. Ayer, para el momento de la definición, a esos votos se sumaron el del porteño Samuel Cabanchik (de Proyecto Buenos Aires Federal), la peronista disidente María de los Ángeles Higonet, el riojano Carlos Menem; y el radical disidente de Corrientes, José Roldán.
Para el oficialismo, esta norma significa el cierre de un ciclo con el que se buscó otorgarle garantías de desarrollo a la libertad de expresión. La primera etapa fue la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo dejó muy en claro Pichetto cuando afirmó que el gobierno de Cristina Fernández llevó adelante “una política de democratización de los medios audiovisuales, y ahora de accesibilidad e igualdad del papel para todos los medios gráficos”.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Liliana Fellner (FPV-Jujuy), fue la responsable de justificar el proyecto que había conseguido un amplio respaldo en Diputados. Insistió en que el objetivo prioritario de la norma es garantizar a todos los medios gráficos “las condiciones de igualdad en materia de precios y cantidad” en el acceso al papel.
Una de las principales críticas de la oposición fue que el proyecto estaba dirigido a controlar únicamente a la empresa Papel Prensa SA, donde los socios mayoritarios son el Grupo Clarín y el diario La Nación. “Nada se dice de Papel del Tucumán o Ledesma en la ley”, se quejó el peronista federal Juan Carlos Romero, olvidando con marcada intencionalidad la explicación de Fellner. La senadora había afirmado que sólo Papel Prensa produce el papel para los diarios. Las otras dos empresas se especializan en otros tipos de papel.
Por si fuera insuficiente este argumento, la oposición sumó otro.
Aseguraron que esta norma forma parte del plan oficial del control total de la prensa, cuya primera expresión fue la Ley de Medios. La primera en expresarlo fue la cívica María Eugenia Estenssoro. La integrante del FAP, Norma Morandini, apuntó hacia la misma dirección. En cambio, su colega Luis Juez prefirió mezclar humor y sentido común para disfrazar su defensa de los intereses de las empresas que tienen la mayoría accionaria en Papel Prensa: “Con el 54% de los votos, ¿a quién carajo le importa lo que dice Clarín?”, dijo, pero a diferencia de otros tiempos, nadie le devolvió una sonrisa.
Los radicales coincidían con el FPV en la necesidad de tener una norma que regule la actividad económica, pero prefirieron impulsar un texto propio porque el gobierno “tomó un camino equivocado, el de la pelea, y para ello no cuenten con nosotros”, dijo Ernesto Sanz. El novel jefe del bloque, Luis Naidenoff, buscó ser más duro al asegurar que el proyecto oficial “no establece un interés público, sino uno gubernamental de silenciamiento y control”.
El último argumento de rechazo giró alrededor de la intencionalidad que tienen los artículos 40 y 41, a los que consideran la razón de ser de la iniciativa y que no es otra que una futura expropiación. Los artículos plantean que Papel Prensa debe garantizar la provisión de papel para todos los diarios. Para ello es preciso realizar inversiones de acuerdo a un plan de obras que no debe superar los tres años. El artículo 42 sostiene que, en caso de que el dinero sea colocado por el Estado, esto se deberá luego traducir proporcionalmente en la cantidad de acciones. “Quieren confiscar”, dijo Romero.
Aníbal Fernández fue el encargado de responder estas críticas: “No seamos naif. Estamos hablando de alguien que se queda con el dinero de los argentinos”, dijo para relatar los manejos de la dupla Clarín-La Nación para su propio beneficio en Papel Prensa: “Del total producido por la empresa, ellos utilizan el 71% para cubrir sus necesidades y el 29% restante se distribuye entre 168 medios que deben pagar un precio 15% mayor e importar para abastecerse.” En ese sentido, Fernández no dudó en reafirmar que para evitar esta “concentración económica”, con las consecuencias que provoca, es imperioso que el Estado asuma un rol ordenador y que se garantice “el papel para todos los diarios, piensen como piensen y al mismo precio para todos”. Poco después Amado Boudou convocó a votar. Y como sucedió el miércoles, la sanción no despertó algarabía entre los senadores, a diferencia de los ruidosos festejos que tuvieron sus colegas diputados. <

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