Riestra se manifestó en contra de la reforma del Código Penal impulsada por la Nación
El diputado nacional del bloque Unidad Popular se refirió a la ley contra el terrorismo sancionada está madrugada en el Senado y dijo que “esta peligrosa reforma posibilita la legitimación de la persecución penal del reclamo público y colectivo”.
23.12.2011 | 13:08 hs.· Fuente: Prensa Diputado Nacional Riestra
El diputado nacional del bloque Unidad Popular, Antonio Riestra, se refirió a la ley contra el terrorismo sancionada está madrugada en el Senado y dijo que “esta peligrosa reforma posibilita la legitimación de la persecución penal del reclamo público y colectivo, de la que hoy en día ya son víctima numerosas organizaciones sociales y militantes populares. El ejercicio de derechos constitucionales debe quedar fuera de discusión; y antes que restringir, la democracia debe garantizar la promoción activa de la libre expresión del pueblo”.
Al respecto Riestra afirmó que “la ley sancionada incorpora al Código Penal (artículo 41 quinquies) la duplicación de las penas aplicables a delitos que hubieren sido cometidos “con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Esto significa definir tipos penales abiertos, en forma tal, que según la interpretación de los magistrados permitiría legitimar la represión de la protesta social o cualquier otra manifestación”.
“Por otro lado, se profundiza la línea persecutoria con el agregado de un nuevo artículo al Código Penal (306), que implica un grave riesgo para las organizaciones sociales y sus benefactores, ya que podrían ser consideradas como autores del delito de financiamiento al terrorismo, los que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de colectivos cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas”.
Riestra también cuestionó al oficialismo por la incorporación de un segundo párrafo, luego de que se conocieran las objeciones al proyecto presentadas por los organismos de derechos humanos. “La excepción para la aplicación del agravamiento de penas “cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”, resulta claramente criticable por dos razones: no sólo no se percibe la oportunidad de mencionar la vigencia de derechos contenidos en la Carta Magna y en tratados internacionales cuya jerarquía excede la que ostenta un código de nuestra legislación, sino que además da lugar a una extravagante y perniciosa clarificación de lo que bajo ningún punto de vista ni en ningún foro debería cuestionarse”.
Al respecto Riestra afirmó que “la ley sancionada incorpora al Código Penal (artículo 41 quinquies) la duplicación de las penas aplicables a delitos que hubieren sido cometidos “con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Esto significa definir tipos penales abiertos, en forma tal, que según la interpretación de los magistrados permitiría legitimar la represión de la protesta social o cualquier otra manifestación”.
“Por otro lado, se profundiza la línea persecutoria con el agregado de un nuevo artículo al Código Penal (306), que implica un grave riesgo para las organizaciones sociales y sus benefactores, ya que podrían ser consideradas como autores del delito de financiamiento al terrorismo, los que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de colectivos cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas”.
Riestra también cuestionó al oficialismo por la incorporación de un segundo párrafo, luego de que se conocieran las objeciones al proyecto presentadas por los organismos de derechos humanos. “La excepción para la aplicación del agravamiento de penas “cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”, resulta claramente criticable por dos razones: no sólo no se percibe la oportunidad de mencionar la vigencia de derechos contenidos en la Carta Magna y en tratados internacionales cuya jerarquía excede la que ostenta un código de nuestra legislación, sino que además da lugar a una extravagante y perniciosa clarificación de lo que bajo ningún punto de vista ni en ningún foro debería cuestionarse”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario