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Medios y política

Martes 13 de diciembre de 2011 | Publicado en edición impresa

Advertencia de la oposición y ADEPA por el proyecto sobre Papel Prensa

La iniciativa del Gobierno será tratada hoy por un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados

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Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, sin siquiera haber escuchado la opinión de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) , se apresta hoy a declarar de "interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios".

El tratamiento de la iniciativa, que representa un serio peligro para la libertad de expresión, fue habilitado por la presidenta Cristina Kirchner mediante el decreto 2021 que convocó al Congreso nacional a sesiones extraordinarias.
Constitucionalistas y varios legisladores coincidieron en afirmar que el Gobierno busca someter la producción de papel a un "régimen regulatorio muy intervencionista, que viola la Constitución y los tratados internacionales".
En agosto de 2010, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto sobre esta materia y, dos meses después, otra iniciativa proponiendo un marco regulatorio detallado. También se coloca la producción y comercialización de papel bajo la órbita de una comisión bicameral, de un comité federal y a merced del control del Estado sobre la importación de papel.
Esta previsto que esta tarde, a las 18, se celebre un plenario de cinco comisiones, todas ellas presididas por diputados del Frente para la Victoria: Comercio (Juliana Di Tullio), Comunicaciones (Mario Oporto), Asuntos Constitucionales (Diana Conti), Libertad de Expresión (Mónica García) y Peticiones Poderes y Reglamentos (Carlos Kunkel): Trascendió que el oficialismo buscaría llevar el tema al recinto esta misma semana, tal vez el jueves o viernes.
Los diarios argentinos consumen unas 225.000 toneladas anuales de papel, que importan libremente desde Chile, Estados Unidos o Europa con arancel cero; lo compran en Papel Prensa -propiedad de Clarín, LA NACION y el Estado nacional-, o lo adquieren a Papel de Tucumán, una firma que siempre privilegió la producción de otra calidad de ese insumo (papel obra).
Por otra parte, Papel Prensa sólo produce el 0,5 por ciento de la oferta mundial, por lo cual el precio de esa materia prima está fijado por el mercado internacional, a cuyo aprovisionamiento recurren, con frecuencia, LA NACION y Clarín.
ADEPA, en una solicitada que publica en los principales matutinos, afirma que "la eventual intervención del Estado en este ámbito puede conducir a males mayores que los que supuestamente se pretende corregir", recordando que "la historia registra largos períodos en los que la escasez de este insumo, el manejo discrecional de cupos para su importación o el establecimiento de gravámenes aduaneros elevados fueron condicionantes severos para el ejercicio del periodismo".
"Una eventual reforma legislativa", señala ADEPA, debería garantizar la "libre importación de papel", "la estabilidad jurídica sobre la propiedad de las actuales productoras" y "la venta de acciones que el Estado nacional posee en Papel Prensa, poniéndola a disposición de diarios pequeños y medianos de todo el país".
Para el constitucionalista Gregorio Badeni, "declarar de interés público la producción de papel equivale a considerarlo un servicio público impropio, para restringir la actividad de los particulares. Viola el artículo 32 de la Constitución, que prohíbe dictar leyes contra la libertad de imprenta y, también, la Convención Americana".
Su colega Daniel Sabsay recuerda que la citada convención "prohíbe expresamente establecer restricciones indirectas al papel para diarios". Y el jurista Juan Sola, desde otra óptica, remarca que "la Suprema Corte norteamericana estableció que una regulación que persigue menoscabar el valor de una empresa es de carácter expropiatorio. Es autoritaria y no indemniza".
"Primero sancionaron la ley de servicios audiovisuales, para fracturar a los grupos de medios; luego, el Estado comenzó a construir una red estatal para la trasmisión de televisión digital y, ahora, quiere apoderarse de la comercialización del papel para diario. El Gobierno cierra el círculo", agregó la radical Silvana Giudice, ex presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.
El jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, advierte que "el proyecto, en la medida que le autoriza al Estado a multiplicar las inversiones en una empresa privada -Papel Prensa-, busca licuar el capital privado". Y su colega radical, Ricardo Gil Lavedra, dice que "la solución puede pasar por impulsar un régimen promocional que favorezca la creación de nuevas plantas, para que haya más papeleras en manos privadas, sin necesidad de que intervenga el Estado".
Gerardo Milman (GEN) afirmó que se opone al proyecto impulsado por el Gobierno porque "es inconstitucional y porque tiene por objeto ser parte de un eslabón en su pelea con Clarín y La Nacion y no porque en la Argentina haya una demanda insatisfecha de papel".

Restricciones

Los diarios argentinos consumen unas 225.000 toneladas anuales de papel, que importan libremente desde Chile, Estados Unidos o Europa con arancel cero; lo compran en Papel Prensa -propiedad de Clarín, La Nacion y el Estado nacional-, o lo adquieren a Papel de Tucumán, una firma que siempre privilegió la producción de otra calidad de ese insumo (papel obra).
Por otra parte, Papel Prensa sólo produce el 0,5 por ciento de la oferta mundial, por lo cual el precio de esa materia prima está fijado por el mercado internacional, a cuyo aprovisionamiento recurren, con frecuencia, este diario y Clarín.

En voz alta

"Declarar de interés público la producción de papel equivale a considerarla un servicio público impropio, para restringir al sector privado. Viola el artículo 32 de la Constitución nacional"
GREGORIO BADENI
CONSTITUCIONALISTA
"Estoy en contra del proyecto porque es inconstitucional y porque tiene por objeto ser parte de un eslabón en su pelea con Clarín y La Nacion y no porque en la Argentina haya una demanda insatisfecha de papel"
GERARDO MILLMAN
DIPUTADO NACIONAL GEN
"La eventual intervención del Estado en este ámbito puede conducir a males mayores que los que supuestamente se pretende corregir"
ADEPA .