Hacia una adolescencia y niñez sin exclusiones
Publicado el 16 de Diciembre de 2011Por
La Asignación Universal por Hijo permitió menguar los niveles de pobreza, provocó el retorno a la escuela de aquellos que habían desertado y aumentó el control de salud de la población infantil y adolescente.
Niñez y adolescencia no siempre fueron consideradas tal como lo hacemos en la actualidad. Hasta mediados del siglo XVII, niños y niñas compartieron trabajos con los adultos, a partir del momento en que sus habilidades personales se lo permitían, teniendo responsabilidades desde muy corta edad. Permanecían en sus hogares hasta los ocho años, luego iban a convivir con otras familias como aprendices, con el fin de formarse en algún oficio. La disciplina era estricta, a menudo se aplicaban castigos corporales que en muchos casos llegaban a ser sangrientos.
Luego fue apareciendo un lugar diferenciado para la niñez, quedando en manos de la familia la crianza de niños y niñas en el ámbito privado. En el ámbito público, nace la escuela para hacerse cargo de la educación de niños y niñas. Así, la relación adultos–infancia coloca a esta última en una posición de dependencia, a partir de la paradoja de que debe ser “protegida”, pero a la vez, “controlada”, por estar considerada como un producto inacabado.
La escuela, organización creada para colaborar con la familia en la formación de la infancia, presentó, a la vez, la paradoja de la desigualdad. Por un lado, socializando y preparando modelos diferentes para varones y mujeres. Ellos formados para la producción y ellas para las tareas domésticas y el cuidado de los otros. Y por otro lado, expulsando a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad.
De esta manera, el sistema produjo una fragmentación de la infancia, lo que implicó que esta población comenzara a ser considerada en relación con su género y por la situación socioeconómica familiar. En estas circunstancias nace el Sistema Tutelar, con el fin de atender a aquellos infantes y adolescentes con dificultades para socializarse a través de sus familias por cuestiones de pobreza, por ser abandonados o por haber sido excluidos del sistema escolar.
El Sistema Tutelar, que en Argentina funcionó a partir de la Ley de Patronato de Menores Nº 10.903, controlaría y socializaría a los que denominó “menores” a través de mecanismos implementados por los aparatos administrativos y judiciales. De esa manera, el Estado se hacía cargo de un sector de la infancia al que separaba de sus familias por considerarlas “inadecuadas”, para ser educados en una estricta disciplina, carentes de toda autonomía, dentro de institutos especiales llamados “de minoridad”.
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo ratificada por el Estado argentino en 1990, otorgándole en 1994 la máxima jerarquía legal con su incorporación en la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22. El 26 de octubre de 2005 el Congreso Nacional promulgó la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Tanto la Convención como la Ley de Protección Integral reconocen a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y esto marca un giro fundamental respecto al Sistema Tutelar. Por otro lado, (re) orientan las intervenciones de todas las instituciones sociales y estatales que se relacionan con la infancia, redefiniendo desde esa posición, la concepción de la misma.
Esto es:
• Una sola infancia y una sola adolescencia, interpelando a infantes y adolescentes como sujetos únicos.
• De objeto a sujeto de derechos, reconociéndolos como personas con iguales derechos, más una consideración especial de acuerdo al momento de desarrollo en que se encuentran.
Ambos instrumentos legales señalan un nuevo lugar para las intervenciones de los adultos –padres, madres, maestras, jueces, asistentes sociales, médicos, psicólogos, psicopedagogas, etcétera–. Este nuevo posicionamiento no anula las diferencias entre los adultos y la infancia, reconociendo para esta última algunos derechos especiales, y para los adultos responsabilidades respecto de la infancia.
Las responsabilidades ya no se ejercen de manera indiscriminada, tutelar y paternalista, ni están dirigidas a una infancia ubicada en un papel pasivo. Sino que se inscriben desde un lugar de intervención y de vinculación diferente: el adulto ya no tiene todo el saber y todo el poder dado que, infantes y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo piensan, entienden, opinan y eligen. Así, la infancia y la adolescencia adquieren una entidad normativa en términos de reconocimiento y valoración, promoviendo que cada niña, niño y adolescente sean considerados en su propia singularidad.
Nuestro país asumió un conjunto de compromisos a través de reformular la legislación y la promoción de políticas públicas, tendientes a eliminar la brecha entre los objetivos formulados y las prácticas reales. Desde el año 2003, se han puesto en marcha políticas y programas sociales, productores de cambios en la atención a los derechos de este grupo etario, siendo la más considerable la Asignación Universal por Hijo que permitió menguar los niveles de pobreza, que provocó el retorno a la escuela de aquellos que habían desertado y que aumentó el control de salud de la población infantil y adolescente.
Aún existen indicios de desigualdades dentro de la población infantil y adolescente que marcan discriminaciones y exclusiones, desvirtuando el concepto de igualdad. Pero también se da un aumento de políticas públicas que desarrollan y afirman los derechos de niños, niñas y adolescentes, a partir del sostenimiento de la responsabilidad de crianza y protección de la infancia; del respaldo a familias para que provean de seguridad y protección, intimidad y confianza, en las cuales tanto mujeres como hombres tengan igual acceso a oportunidades y recursos; de la protección para el desarrollo de la autonomía de cada uno de sus miembros y; del respeto por la diversidad de formas familiares. Al decir de Thomas H. Marshall, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes de ambos géneros de nuestro país, seremos “miembros plenos de una sociedad de iguales”.<
La Asignación Universal por Hijo permitió menguar los niveles de pobreza, provocó el retorno a la escuela de aquellos que habían desertado y aumentó el control de salud de la población infantil y adolescente.
Niñez y adolescencia no siempre fueron consideradas tal como lo hacemos en la actualidad. Hasta mediados del siglo XVII, niños y niñas compartieron trabajos con los adultos, a partir del momento en que sus habilidades personales se lo permitían, teniendo responsabilidades desde muy corta edad. Permanecían en sus hogares hasta los ocho años, luego iban a convivir con otras familias como aprendices, con el fin de formarse en algún oficio. La disciplina era estricta, a menudo se aplicaban castigos corporales que en muchos casos llegaban a ser sangrientos.
Luego fue apareciendo un lugar diferenciado para la niñez, quedando en manos de la familia la crianza de niños y niñas en el ámbito privado. En el ámbito público, nace la escuela para hacerse cargo de la educación de niños y niñas. Así, la relación adultos–infancia coloca a esta última en una posición de dependencia, a partir de la paradoja de que debe ser “protegida”, pero a la vez, “controlada”, por estar considerada como un producto inacabado.
La escuela, organización creada para colaborar con la familia en la formación de la infancia, presentó, a la vez, la paradoja de la desigualdad. Por un lado, socializando y preparando modelos diferentes para varones y mujeres. Ellos formados para la producción y ellas para las tareas domésticas y el cuidado de los otros. Y por otro lado, expulsando a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad.
De esta manera, el sistema produjo una fragmentación de la infancia, lo que implicó que esta población comenzara a ser considerada en relación con su género y por la situación socioeconómica familiar. En estas circunstancias nace el Sistema Tutelar, con el fin de atender a aquellos infantes y adolescentes con dificultades para socializarse a través de sus familias por cuestiones de pobreza, por ser abandonados o por haber sido excluidos del sistema escolar.
El Sistema Tutelar, que en Argentina funcionó a partir de la Ley de Patronato de Menores Nº 10.903, controlaría y socializaría a los que denominó “menores” a través de mecanismos implementados por los aparatos administrativos y judiciales. De esa manera, el Estado se hacía cargo de un sector de la infancia al que separaba de sus familias por considerarlas “inadecuadas”, para ser educados en una estricta disciplina, carentes de toda autonomía, dentro de institutos especiales llamados “de minoridad”.
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo ratificada por el Estado argentino en 1990, otorgándole en 1994 la máxima jerarquía legal con su incorporación en la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22. El 26 de octubre de 2005 el Congreso Nacional promulgó la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Tanto la Convención como la Ley de Protección Integral reconocen a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y esto marca un giro fundamental respecto al Sistema Tutelar. Por otro lado, (re) orientan las intervenciones de todas las instituciones sociales y estatales que se relacionan con la infancia, redefiniendo desde esa posición, la concepción de la misma.
Esto es:
• Una sola infancia y una sola adolescencia, interpelando a infantes y adolescentes como sujetos únicos.
• De objeto a sujeto de derechos, reconociéndolos como personas con iguales derechos, más una consideración especial de acuerdo al momento de desarrollo en que se encuentran.
Ambos instrumentos legales señalan un nuevo lugar para las intervenciones de los adultos –padres, madres, maestras, jueces, asistentes sociales, médicos, psicólogos, psicopedagogas, etcétera–. Este nuevo posicionamiento no anula las diferencias entre los adultos y la infancia, reconociendo para esta última algunos derechos especiales, y para los adultos responsabilidades respecto de la infancia.
Las responsabilidades ya no se ejercen de manera indiscriminada, tutelar y paternalista, ni están dirigidas a una infancia ubicada en un papel pasivo. Sino que se inscriben desde un lugar de intervención y de vinculación diferente: el adulto ya no tiene todo el saber y todo el poder dado que, infantes y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo piensan, entienden, opinan y eligen. Así, la infancia y la adolescencia adquieren una entidad normativa en términos de reconocimiento y valoración, promoviendo que cada niña, niño y adolescente sean considerados en su propia singularidad.
Nuestro país asumió un conjunto de compromisos a través de reformular la legislación y la promoción de políticas públicas, tendientes a eliminar la brecha entre los objetivos formulados y las prácticas reales. Desde el año 2003, se han puesto en marcha políticas y programas sociales, productores de cambios en la atención a los derechos de este grupo etario, siendo la más considerable la Asignación Universal por Hijo que permitió menguar los niveles de pobreza, que provocó el retorno a la escuela de aquellos que habían desertado y que aumentó el control de salud de la población infantil y adolescente.
Aún existen indicios de desigualdades dentro de la población infantil y adolescente que marcan discriminaciones y exclusiones, desvirtuando el concepto de igualdad. Pero también se da un aumento de políticas públicas que desarrollan y afirman los derechos de niños, niñas y adolescentes, a partir del sostenimiento de la responsabilidad de crianza y protección de la infancia; del respaldo a familias para que provean de seguridad y protección, intimidad y confianza, en las cuales tanto mujeres como hombres tengan igual acceso a oportunidades y recursos; de la protección para el desarrollo de la autonomía de cada uno de sus miembros y; del respeto por la diversidad de formas familiares. Al decir de Thomas H. Marshall, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes de ambos géneros de nuestro país, seremos “miembros plenos de una sociedad de iguales”.<
No hay comentarios:
Publicar un comentario