martes, 20 de diciembre de 2011

Las salvajes leyes del mercado

La impunidad de aquel 19 y 20

Publicado el 20 de Diciembre de 2011

Las causas judiciales y las investigaciones de la comisión bicameral creada ad hoc no pudieron lograr resultados. Aquella treintena de muertos del 19 y 20 de diciembre por las órdenes de Fernando de la Rúa y su línea de comando reclaman más compromiso.
Sin la crisis sistémica provocada por la rebelión popular ocurrida hace una década hubiera sido impensable la llegada de Néstor Kirchner al poder. Otros presidentes llegaban al gobierno; en cambio, Kirchner sabía que debía abrirse una brecha en los poderes concentrados para que se concretara su candidatura. Basta recorrer los mensajes políticos y leer las entrevistas que el entonces gobernador de Santa Cruz daba a la prensa desde 1997 cuando se alzó, en bastante soledad, para oponerse a Carlos Menem.
Banqueros, militares, ejecutivos y abogados de las grandes corporaciones militares, obispos y cardenales, los medios concentrados, constituían una amalgama que cerró filas con Fernando de la Rúa, especialmente desde la asunción de Domingo Cavallo como ministro de Economía el 20 de marzo de 2001. La llegada al Gabinete de Cavallo fue la gota que colmó el vaso para Carlos “Chacho” Álvarez, quien después de la desafortunada decisión de hacer una fórmula con los sectores más entreguistas del radicalismo, se encontró con otra ingrata novedad: el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, hombre de su confianza, empezaba la obediencia debida a los planes de ajuste y flexibilización laboral de De la Rúa, a tono con los consejos de Daniel Marx, el hombre que trabajaba tanto para el gobierno como para el FMI. Pero este Marx no tenía el conocimiento de Carlos ni el humor de Groucho y la banca internacional precisaba al incondicional Cavallo al frente de las operaciones.
Exactamente nueve meses duró el período de Cavallo. Era su tercera incursión en el quehacer público. La primera vez fue en 1982, cuando quedó al frente del Banco Central, en plena dictadura. Había pasado un año de la salida de José Alfredo Martínez de Hoz del Ministerio de Economía, quien con su tablita financiera había cumplido con la lógica del capital financiero golondrina que entraba al país al amparo del decreto que tiraba por la borda la compleja normativa imperante hasta entonces, en la que tenía lugar la banca cooperativa y el capital golondrina tenía muchas trabas para entrar a la Argentina. Martínez de Hoz, además de representar a la oligarquía exportadora que festejaba la devaluación, tenía una pata en el sector industrial, ya que presidía el directorio de Acindar, la segunda acería privada del país después del grupo Techint, presidido entonces por Roberto Rocca. Por si eso era poco, su cercanía con la gran banca norteamericana le permitía exhibir el pendón de asesor del Chase Manhattan Bank, que al frente tenía nada menos que a David Rockefeller, el inspirador de la Comisión Trilateral, que orientaba la toma de decisiones de los gobiernos y las empresas alineadas tras los Estados Unidos en sus disputas con la URSS.
En los primeros años de la década del ’70, una buena parte de las superganancias de los países exportadores de petróleo fueron a Europa. Un crecimiento sostenido del consumo hacía considerar al Viejo Continente como una plaza segura; sin embargo, 1974 fue un año de recesión en los países desarrollados y los petrodólares necesitaban buscar un nuevo hospedaje. La Argentina era el lugar del nuevo experimento. Los créditos del FMI y el Banco Mundial venían junto a esos petrodólares, tanto al sector público como a las empresas privadas, de la mano del Chase Manhattan y otros bancos que drenaban los petrodólares. Una historia profunda de este tramo decisivo de la historia del terrorismo de Estado está en La política económica de Martínez de Hoz, un libro imprescindible de Jorge Schvarzer. La desaparición de cientos de bancos cooperativos y el crecimiento desmesurado de la banca extranjera se dieron a la par de la “tablita financiera”, el instrumento que les permitía a los tenedores del dinero darles “seguridad jurídica” a sus capitales de rapiña.
La despedida de Martínez de Hoz estuvo ligada a un caos y su figura quedó desprestigiada. Por eso, la prensa de entonces pintaba al joven Cavallo como una cara contrapuesta a la del ex hombre fuerte de las finanzas. Nada más rudimentario que eso. Cavallo, al poco tiempo, cumplía con la tarea en la misma dirección. Refinanció los vencimientos de la deuda con intereses más altos y plazos más cortos, y estatizó la parte de petrodólares que habían absorbido las grandes empresas privadas. Por caso, una de las que tenían más títulos privados de deuda era Acindar, que de la noche a la mañana se sacó una pesada mochila de encima. La familia Acevedo, principales accionistas de esa acería, ya había probado la eficacia de Martínez de Hoz un tiempo antes del golpe de marzo del ’76. Cabe recordar que en marzo de 1974, llegaban a Acindar camiones del Ejército, Policía Federal, lanchas de Prefectura por el Paraná y grupos de paramilitares para meter presos a los dirigentes locales de la Unión Obrera Metalúrgica, enfrentados a la conducción nacional de Lorenzo Miguel. El disciplinamiento de los trabajadores de la mano de la derecha peronista en el gobierno, le valió a Martínez de Hoz la tramitación de un crédito multimillonario en el Banco Nacional de Desarrollo, que fue otorgado dos meses antes de consumarse el golpe.
Cavallo salió indemne de su paso por el Central. Ninguna causa judicial manchó su trayectoria. Su foto todavía está entre las dramáticas caras de quienes estuvieron al frente de esa entidad concebida en los años treinta como “el estatuto legal del coloniaje”. Esa impunidad le permitió estar al lado de Carlos Menem desde 1989, al principio, como ministro de Relaciones Exteriores, donde se hizo cargo de otro plan pensado desde el corazón de las finanzas occidentales. Se trató de la fórmula ideada por James Baker, el multimillonario amigo del también multimillonario George Bush (padre), que siendo secretario de Estado (el cargo homólogo al canciller argentino) sugirió que un peso podía valer un dólar. Y así fueron las cosas durante una década. La peor, la que combinó impunidad para los genocidas con el avasallamiento de las ideas nacionales sin necesidad de una dictadura. Cavallo duró el primer período completo de Menem. Su regreso, entonces, fue una muestra de cómo las decisiones políticas importantes de la Argentina fueron tomadas por unos hombres o grupos de poder ligados a los bancos. El Megacanje fue concebido por el también banquero norteamericano David Mulford, y cuando Cavallo fue a Nueva York a cumplir con la puesta en escena de que “quería convencer a los inversionistas” (cuando en verdad era un plan decidido por esos mismos banqueros), el entonces ministro de Economía salía en las fotos sentado al lado de los ejecutivos norteamericanos, entre los cuales estaba por supuesto uno del JP Morgan, Chase & Company. Los Rockefeller habían comprado la banca Morgan. Nada menos. De eso se tratan las finanzas, de competir hasta ahogar a los competidores y provocar “adquisiciones y fusiones”, una de las áreas más codiciadas por los ejecutivos de finanzas, porque es la que permite mostrar el ánimo guerrero que los anima.
Es cierto que diez años después, Cavallo perdió toda representatividad. Es cierto que hoy se habla del Banco del Sur como una posibilidad futura cercana. Tan cierto como que la Ley de Entidades Financieras es la de Martínez de Hoz, y la Carta Orgánica del Banco Central fue reformada cuando Cavallo era ministro de Economía, y para permitir más concentración, extranjerización y liberalización. Tan cierto como que las causas judiciales y las investigaciones de la comisión bicameral creada ad hoc no pudieron lograr resultados. Aquella treintena de muertos del 19 y 20 de diciembre por las órdenes de Fernando de la Rúa y su línea de comando reclaman más compromiso. Todavía, David Rockefeller es el anfitrión de todos los mandatarios que viajan a las asambleas de las Naciones Unidas en el Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Nueva York. Incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner. Es cierto que un acto protocolar no define estrategias. Pero, a una década de aquel horror, es bueno avanzar para que termine la impunidad de los otros, los que no muestran las armas pero manejan las decisiones financieras. <

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