tambien hay madres morosas

El escrache a padres que no pagan la cuota alimentaria se extiende en el país

Mendoza publica en los diarios el listado de morosos. La Rioja y San Juan buscan sumarse a esta iniciativa. Salta y Ciudad de Buenos Aires también implementaron medidas. Crecen las páginas de Facebook.

Por Romina Ruffato

04/12/11 - 03:05

Modelo. El listado publicado en Mendoza (der). Inspiradas en esta medida, surgieron varias páginas web dedicadas al tema.

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Qué hacen en otras partes del mundo

Ser padre es una responsabilidad que se asume de por vida. Si la pareja no funciona, el vínculo parental no tiene por qué romperse. Después de una separación, se establecen nuevas pautas y se fijan obligaciones, como la cuota alimentaria para el padre no conviviente. Según estimaciones, el 70 por ciento no la cumple.
De esta realidad surgen los registros de deudores alimentarios. El primero fue en la Ciudad de Buenos Aires en 1999. Actualmente, hay además, en Río Negro, Catamarca, Chubut, Chaco, Salta, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, San Juan, Córdoba, Santa Cruz y Mendoza.
En esta provincia se lleva a cabo una experiencia inédita: la publicación en los principales diarios provinciales, una vez al mes, de la lista de deudores. La medida abrió el debate sobre la eficacia de la sanción social.
El registro mendocino existe desde 2001 y tiene 315 inscriptos. “La tasa de desempleo aquí alcanza el 4 por ciento, por eso consideramos que la ausencia de ingresos no es un motivo para incumplir”, explica el ministro de Gobierno provincial, Félix González. La difusión del listado, sostiene, “es un mecanismo que aporta a su buen funcionamiento porque el control social es una importante influencia para que regularicen su situación”. Se va notando: seis padres se pusieron al día y también se incrementaron las consultas para denunciar las irregularidades. Son morosos aquellos que no abonan lo acordado durante tres meses consecutivos o cinco alternados. El ingreso y egreso del registro depende del juez.
En la mayoría de estas bases de datos –locales, aún no hay un registro nacional– quienes figuran son sancionados en cuestiones que “limitan la actividad laboral y comercial, la transferencia de bienes; se les prohíbe obtener licencias de conducir y se restringe el acceso a los cargos públicos”, detalla Claudio Belluscio, abogado especialista en derecho de familia. Su colega Leonardo Glikin añade: “La Justicia es demasiado laxa porque no hay, habitualmente, penalidades efectivas para quien incumple el deber de asistencia familiar”.
Contagio. Al menos en dos provincias, se analiza replicar la experiencia de Mendoza. El diputado provincial de La Rioja Guillermo Galván (UCR) presentó un proyecto para dar a conocer la lista de deudores a través de una página web creada especialmente y “de los medios públicos de comunicación en forma obligatoria”.
Para los privados, se canalizaría a través de la pauta oficial. “Apuntamos al moroso que incumple a sabiendas, de mala fe”, explica. Las críticas apuntan a una posible ‘intromisión’ en la privacidad: “A mi juicio, prima el derecho del menor a ser asistido por sobre el derecho a la intimidad”. Hasta el momento, hay 200 personas inscriptas en el registro riojano, que es de acceso limitado. La propuesta se está discutiendo en comisión y se espera poder tratarla sobre tablas en la sesión del 15 de diciembre. “Queremos despertar la conciencia dormida en este tema”, resume Galván.
Por su parte, en San Juan, los diputados Rosalía Garro y Horacio Espejo propusieron que el registro sea publicado en la página web del Ejecutivo. No hubo despacho porque no se logró un acuerdo y van a insistir en el próximo período parlamentario.
En la Ciudad de Buenos Aires, con 2.500 anotados en el registro, se establecieron convenios con ocho cámaras empresariales para que las compañías pidan el certificado de libre deuda antes de contratar a alguien. De esta manera, se involucra al sector privado.
En Salta, se pega un papel con los nombres de los deudores en la planta baja del Poder Judicial. O sea: es público, pero está en un lugar demasiado específico. “Lo de Mendoza me parece maravilloso, porque si no la ley termina siendo una ficción jurídica”, señala Ana María Carriquiry, abogada de familia.
Belluscio remarca que hay pocas inscripciones con relación al número real de deudores. “Los registros son una herramienta más, pero tampoco la panacea”, reconoce. En el mismo sentido, Glikin destaca la necesidad de que la sociedad colabore y “que se asiente el incumplimiento en informes como el Veraz o que haya otro tipo de repudios, como el quite de tarjetas de crédito, por ejemplo”.
Las víctimas de esta situación son niños y niñas. “Buscamos que no sean la variable de ajuste de la disputa del matrimonio”, remarca Galván. Se pretende un cambio de comportamiento, que implica hacerse cargo. “Tiene que ser una sanción que eduque –sintetiza Carriquiry– . Porque en son de proteger la intimidad, los chicos siguen sin comer.”